El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) llevaba apenas seis días cuando Alberto Fernández dejó claras las prioridades. Al menos, sus prioridades. El Presidente dijo el 26 de marzo del 2020 que “el inicio de clases” podía “esperar”. Y hasta se animó a concluir: “Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar un mes antes o un mes después el colegio”.
Por el apoyo que cosechaba el mandatario entonces, podría concluirse que el grueso de la sociedad lo acompañaba con aquel cepo educativo. El miedo a una pandemia que recién empezaba a mostrar su cara (sanitaria y económica) explicaba el apoyo.
Pero el sabor a poco –y nada- que dejó la enseñanza virtual 2020 trastocó las demandas de la gente. Como ejemplo, algunas conclusiones de la última encuesta de Reale Dallatorre Consultores, una firma especializada y pionera en la medición a través de redes sociales. La encuesta abarcó a la provincia de Buenos Aires:
• “Se advierte una opinión agrietada en torno al efectividad de la experiencia de aprendizaje con las clases virtuales. El 52% considera que representó una nueva forma de aprendizaje vs un 46%, que lo define como una catástrofe para la educación”.
• “El segmento de nivel educativo bajo, es el que manifiesta el mayor grado de disconformidad con las clases virtuales. Sólo el 36,9% las evalúa en términos positivos”.
• “El 24% de los consultados con hijos o hijas escolarizados, admitió que uno o más de su/s chico/as, dejaron de conectarse a las clases virtuales”.
• “El 62,1% se declara insatisfecho con el grado de aprendizaje que sus hijo/as recibieron a través de la educación virtual”.
• “Más del 73% de los encuestados está de acuerdo con la vuelta a las aulas, con los correspondientes protocolos. La modalidad de retorno encuentra posiciones dispares”.
• “La reticencia de los gremios docentes respecto de la vuelta a las clases presenciales por falta de garantías sanitarias, cosecha el 51% de adhesión”.
Cómo éste, podrían citarse otros sondeos –incluso nacionales- con resultados parecidos. Aun con el número de contagios alto, un sector grande de la población considera inviable otro año escolar a media máquina, en el mejor de los casos. La base de la demanda es dramática: más del 50% de los niños en Argentina son pobres y ninguna salida a ese desastre puede imaginarse con mala educación.
Así lo entendió también el propio Alberto Fernández, que en la última prolongación del Distanciamiento Obligatorio (DISPO) enumeró algunos ejes para la vuelta de las clases presenciales. La semana próxima se prevé, entre otras cosas, una reunión del Consejo Federal de Educación y el ministro nacional a cargo del área, Nicolás Trotta, ya se manifestó a favor de la presencialidad y hasta se animó a sugerir una periodicidad de “tres veces por semana en el aula”. Es el mismo funcionario que el año pasado concordaba con los gremios en sus reclamos ante Horacio Rodríguez Larreta.
Se entiende en clave política: acaso con un termómetro más afinado sobre las necesidades de sus votantes y seguidores, el jefe de Gobierno hizo punta el año pasado para la vuelta de las clases presenciales. Consiguió relativamente poco en términos concretos, pero quizá mucho en otros aspectos.
Son ahora no sólo Fernández y Trotta, sino también el gobernador Axel Kicillof y los kirchneristas bonaerenses quienes se sumaron al pedido de presencialidad. Seguramente enumerarán justificaciones sanitarias, pero sus declaraciones públicas les juegan en contra.
La semana próxima se prevé, entre otras cosas, una reunión del Consejo Federal de Educación y el ministro nacional a cargo del área, Nicolás Trotta quien ya se manifestó a favor de la presencialidad y hasta se animó a sugerir una periodicidad de “tres veces por semana en el aula”. Es el mismo funcionario que el año pasado concordaba con los gremios en sus reclamos ante Horacio Rodríguez Larreta.
Quienes como Larreta se mantuvieron en su discurso, son los gremios docentes. De extracción mayoritariamente peronista, siguen con su sucesión de reclamos para frenar la vuelta a las aulas. A un genuino temor y al reclamo de cuidados para evitar los contagios, se suma sin dudas aquella lógica que primó en el 2020: no regalarle al jefe de Gobierno –y principal gobernador opositor- la cucarda de la educación. Deberán reparar –en algunos casos, por la flexibilidad del discurso parecen haberlo hecho- que la demanda de la sociedad también viró.
Y en medio de esa tensión, un juez que siempre observó con lupa las medidas de gobierno de Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y, ahora, Rodríguez Larreta, el porteño Roberto Gallardo, decidió citar a dos ministros de la Ciudad –el de Salud, Fernán Quirós y la de Educación, Soledad Acuña- para definir sobre el tema. Pero finalmente, ante la recusación de la que fue objeto por parte del Gobierno porteño, la causa quedará en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, a la que le tocará confirmar o suspender la audiencia, que estaba prevista para el 10 de febrero.
Algo más allanado parece el camino en Provincia, donde los gremios se muestran un poco más dóciles. ¿Kicillof hizo tan bien las cosas, en tan poco tiempo, que el postergado y desgastado Conurbano está mejor que la Ciudad para largar con la presencialidad? Mmmmm. Otra vez la respuesta habrá que buscarla en la política.
Se vienen horas y días decisivos. La sociedad ya dejó en claro el perjuicio que conllevaría otro año con escuelas por zoom. Para la educación y para la organización familiar. ¿La política, el sindicalismo y la Justicia estarán esta vez a la altura?
