Mientras negociaba el reparto de las candidaturas con La Libertad Avanza, en un proceso traumático para el macrismo, el Gobierno porteño reforzó medidas destinadas a “ordenar el espacio público” con una serie de polémicas intervenciones por el control de la calle, que lo aproxima al relato libertario.
Desde la sede de gobierno en Uspallata ordenaron el desalojo de manteros en grandes parques, el desmantelamiento de un mercado popular y el cierre de un predio utilizado por una cooperativa de cartoneros. Además, impulsaron en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que proponen endurecer las penas contra los cuidacoches o “trapitos” y a quienes vandalicen o ensucien bienes públicos.
“Hay que terminar de naturalizar el desorden como forma de subsistencia. El espacio público es de los vecinos, no hay derecho a tomarlo”, afirmó el jefe de Gobierno Jorge Macri, quien aseguró que el objetivo es “garantizar la libre circulación” en una ciudad más equitativa.
Las nuevas disposiciones generaron rechazo en sectores sociales y organizaciones de recicladores. Días atrás, recuperadores urbanos protestaron frente al Parque Lezama, donde está el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, contra el recorte en los traslados desde el Conurbano a la Ciudad.
Desde la oposición, varios legisladores cuestionaron el enfoque punitivista del Gobierno y alertaron sobre el impacto social de las medidas.
Una a una, las primeras y las más recientes medidas del PRO
Hace poco más de un año aproximadamente, el Gobierno porteño inició el operativo para desalojar a los trabajadores de la economía popular que se instalaban los fines de semana en grandes parques de la Ciudad. El primero fue el de Parque de los Patricios, luego el Parque Centenario y el último fue el Parque Los Andes, en Chacarita.
También, instruyeron a las fuerzas policiales para despejar de la venta callejera los centros comerciales de la avenida Avellaneda, en Flores; en el Once, en la peatonal Florida y en Liniers. Además hubo desalojos de inmuebles que permanecían “ocupados ilegalmente”, como la “Casa Blaquier” situada en pleno Casco Histórico, en Defensa al 100, que formaba parte del complejo del Museo de la Ciudad.
La avanzada de la administración porteña incluyó en las últimas semanas, la decisión de dejar de financiar el traslado diario desde y hacia el Conurbano de los recuperadores urbanos de cooperativas vinculadas a Juan Grabois.
En paralelo, desmanteló, en el barrio de Palermo, un espacio donde funcionaba un mercado popular. Argumentaron que “desde hacía más de 20 años estaba tomado por el movimiento La Dignidad” que responde al dirigente social.
“Decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois, que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, dijeron las fuentes porteñas para justificar la medida.
Según datos oficiales, esa política de traslados insumía unos $6.000 millones anuales. Ahora –advirtieron- esos fondos serán reinvertidos en mejoras en el sistema formal de reciclado, que incluye la ampliación de infraestructura en Centros Verdes, fortalecimiento de rutas de recolección y mejora de la capacidad operativa.
Este lunes cinco de agosto, el Gobierno porteño articuló dos nuevas intervenciones: anunció que sancionará a las personas que remuevan la basura de los contenedores y mandó a desarmar el espacio de la Cooperativa del Oeste en el que trabajaban más de 50 personas, en el barrio de Villa del Parque.
“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, sostuvo el jefe de Gobierno sobre la primera medida.
Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, esto “representa un retroceso inhumano y contraproducente en las políticas de inclusión social que la propia ciudad ha promovido durante años”. Luego, agregaron que “esta medida no busca solucionar el problema de fondo, sino que criminaliza la pobreza y estigmatiza a las poblaciones más vulnerables”, subrayaron.
En sintonía, la legisladora de la oposición María Bielli afirmó que “hace meses que la única comunicación del Gobierno es persecución a manteros, vendedores de café o cartoneros. La Ciudad está sucia y abandonada por la ineficiencia de su Gobierno en la recolección de residuos. Y la gente revuelve la basura porque no tiene laburo”, para luego afirmar que “inútiles y crueles, eso son”.
En tanto, el bloque de la Izquierda Socialista/FITU presentó un proyecto de repudio a la iniciativa que, a su entender, “persigue y sanciona a los que se ven obligados a revolver la basura para buscar comida”.
Los proyectos en estudio en la Legislatura
Desde el Ministerio de Justicia porteña impulsaron una serie de proyectos en la Legislatura, que incluyen penas más duras contra los que cometen ilícitos en la Ciudad.
Entre las iniciativas enviadas a la Legislatura, se destaca un proyecto para duplicar las penas para quienes ejerzan la actividad de trapito: arresto de cinco a 30 días (hoy, de cinco a 15), trabajo comunitario de diez a 45 días y multas que podrían alcanzar los $2.926.480. En casos de discriminación por género, las penas se elevarán al doble.
“Ordenar es recuperar la calle, hacer que se cumpla la ley y sostenerlo en el tiempo. Que a las mafias les quede claro: en la Ciudad no hay lugar para ustedes”, sostuvo Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño.
También se impulsa la ley conocida como “rompe-paga”, que establece sanciones más duras para quienes vandalicen o ensucien el espacio público: de uno a cinco días de arresto, de dos a 15 días de trabajos de utilidad pública o multas de hasta 2.500 unidades fijas. Las penas se agravarán si los hechos son organizados, realizados desde vehículos o afectan a monumentos, hospitales, escuelas o templos.
“Ante el reiterado pedido de la sociedad de ser implacable con quienes desarrollen actividades ilegales en la vía pública, que pongan en riesgo a las personas y a la propiedad, este proyecto tiene como principio fundamental endurecer las sanciones previstas a los fines de prevenir y sancionar la conducta de quienes manchen, ensucien o vandalicen la vía pública, el espacio público, así como aquellos bienes que son de propiedad tanto pública como privada”, explicó la diputada del oficialismo Gimena Villafruela.
