El gobierno nacional envió este lunes al Congreso un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, organismo que selecciona a los jueces nacionales y federales. La propuesta oficial es modificar la cantidad de miembros que lo integran, pasando de 13 a 17, dándole más lugar a los magistrados y representantes del sector académico.
El proyecto llegará al Parlamento un día antes de que juren los nuevos diputados y tres antes de que cambie la conformación de la Cámara alta, donde el peronismo, luego de 38 años, no tendrá la mayoría.
La iniciativa fue elaborada bajo la supervisión de la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.
La reforma impulsado por el Gobierno llega en un momento de fuertes rumores de un fallo de la Corte Suprema para declarar inconstitucional la reforma del Consejo de 2006 impulsada por Cristina Kirchner, senadora en ese entonces. Esa modificación redujo de 20 a 13 los miembros del organismo y le dio más poder al estamento político del cuerpo ya que se desequilibró la presencia de jueces, abogados, diputados, senadores y académicos.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Martín Soria, tiene pensado reunirse con los jueces de la Corte a las 10. Será el primer encuentro entre el funcionario y el máximo tribunal.
El texto, al que tuvo acceso Infobae, argumenta la posibilidad de ampliar los miembros del cuerpo con el artículo 114 de la Constitución Nacional, que no precisa el número de los representantes y que desde la reforma de 1994 se sancionaron tres leyes que “establecieron de manera diferente la integración y, por consiguiente, la representación de los estamentos que en él confluyen”.
Lo que propone el proyecto del Ejecutivo es que el Consejo esté integrado por cuatro (4) jueces del Poder Judicial, seis (6) legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro (4) representantes de los abogados de la matrícula federal, un (1) representante del Poder Ejecutivo y dos (2) representantes del ámbito académico y científico.
Según explicaron a Infobae, la iniciativa propone que “para la elección de dicha estructura, se consideró que los estamentos que deben ser representados en el Consejo de la Magistratura son, de un lado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Del otro, corresponde enumerar a los Jueces de todas las instancias, los/las abogados/as de la matrícula federal y las personalidades del ámbito académico y científico”.
Y agregaron: “Se meritó que tal como se halla redactado el precepto constitucional sujeto a la presente reglamentación, es plausible entender que la pauta de equilibrio entre las representaciones allí dispuestas no significa que todos los estamentos deban aportar igual número de miembros en la constitución del Consejo de la Magistratura”.
Además, resalta que se incluyó la paridad de género, ya que actualmente de los 13 integrantes solamente 4 son mujeres: “La inclusión de dicha pauta se inscribe como una medida de acción afirmativa de cumplimiento de los mandatos convencionales y de orden interno que exigen asegurar a las mujeres el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos más altos del Poder Judicial”.
El texto firmado por Juan Martín Mena, secretario de Justicia, sostiene: “Con dichos fundamentos, se incorpora en el artículo 2° la paridad de género en la composición de todos los estamentos, a excepción del que corresponde a la representación del Poder Ejecutivo en tanto está integrado por una (1) sola persona. Así, se halla asegurado que el máximo órgano del Consejo de la Magistratura se integre con, al menos, ocho (8) mujeres de un total de diecisiete (17)”,
El artículo 2 del proyecto se refiere a la duración de los mandatos. Allí se establece que “cada consejero durará cuatro años en su cargo y que podrá ser reelegido una sola vez en forma consecutiva. Además, marca que todos los que sean elegidos por su calidad de jueces/zas, legisladores/as, abogados/as y académicos/as, “cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados/as, en cuyo caso deberán ser reemplazados/as por sus suplentes o por los/las nuevos/as representantes que designen los cuerpos que los/las eligieron para completar el mandato respectivo”.
En el artículo 4 se deja asentado que los integrantes del cuerpo “no podrán registrar condenas penales por delitos dolosos dictadas en los últimos veinte años” y que “no podrán ser consejeros/as las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por los derechos humanos”.