El Gobierno nacional enviará al Congreso en las próximas horas el proyecto de ley para regular las restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19. Antes de partir rumbo a Europa, Alberto Fernández firmó la iniciativa.
Luego del revés por la decisión de la Corte Suprema en torno a la educación presencial, el Poder Ejecutivo no quiere que los decretos vuelvan a quedar a merced de la decisión de los jueces del máximo tribunal y buscará acordar con la oposición un marco legal que promueva la estandarización de los escenarios epidemiológicos y las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar “medidas de cuidado de la población” para afrontar la segunda ola de coronavirus.
La medida había sido anticipada por el Jefe de Estado durante el acto del Frente de Todos en la localidad de Ensenada. Allí, Alberto Fernández habló de una ley “para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. Tras el anuncio, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, comenzaron a trabajar en el texto del proyecto.
Fernández recibió a Cafiero en Olivos antes de partir rumbo a Europa. Revisó la letra chica, encomendó algunos ajustes y lo dejó firmado, listo para ser presentado en el Congreso. Como informó este sábado Infobae, la propuesta estará basada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, pero con “mayor sustentación sanitaria”.
El Poder Ejecutivo propondrá una suerte de semáforo epidemiológico que fije los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones provinciales no sólo estarán facultados, sino también aconsejadas, a aplicar distintas medidas como podría ser el paso de la educación presencial a la virtual, un tema que dio origen a la judicialización de las políticas públicas adoptadas frente a la pandemia.
En Casa Rosada apuestan a que sea aprobado antes del 21 de mayo, fecha en la que vence el DNU.
Pese al apuro del Gobierno por sacar una ley para la cual no tiene garantizados los votos, ni siquiera la aprobación sería suficiente para detener las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el fallo de la Corte Suprema prevalece sobre cualquier norma que dicta el Congreso.
Así lo entienden, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, y también en otros bloques opositores que están dispuestos a hacer causa común y atrincherarse en sus bancas para que no avance la ofensiva oficialista.