El encendido mensaje del presidente Javier Milei devino en un duro cuestionamiento hacia lo que viene sucediendo en el Palacio Legislativo. La sesión del miércoles seis de agosto fue contundente, no obstante, en el camino de los legisladores para restablecer la difícil relación de la política con los ciudadanos. Desde Balcarce 50 intentaron evitar el quórum en la Cámara de Diputados para impedir el tratamiento del aumento del presupuesto universitario y el financiamiento del hospital Garrahan, presionando a los gobernadores y al radicalismo para hacer caer la sesión. Aun así, la oposición reunió a 133 diputados y pudo abrir el recinto.
El número alcanzado fue el resultado de un acuerdo que incluyó a Unión por la Patria, las bancadas de Miguel Angel Pichetto y Facundo Manes, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, un sector del radicalismo y la ex libertaria Lourdes Arrieta, entre otros.
La sesión sumó más problemas al Gobierno, que además de los vetos a las jubilaciones, tiene que pensar en un futuro cercano en qué hará con el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, que también afectan a cada ciudad en el país. Son temas que suman mucha adhesión popular, como se vio en las manifestaciones y guardan una gran repercusión en las redes sociales, que tanto desvelan al oficialismo.
El médico y diputado tucumano Pablo Yedlin explicó que “con esta iniciativa se busca garantizar que los salarios de quienes atienden a niños estén asociados con lo que venían cobrando a octubre de 2023. Para que tengan una idea con respecto a la inflación, han perdido un 53 por ciento. Ésa es la realidad de los trabajadores del Garrahan, inclusive de los residentes”.
Luego Yedlin agregó que “además, se define al Garrahan como un hospital de derivación pediátrica de toda Argentina, pero por otra parte se busca derogar este nuevo reglamento que impuso el Gobierno para los residentes y establece la emergencia por un año. Esto cierra con la afirmación de que la idea es que en ese año el gobierno pueda resolver este problema, que atraviesa la salud pediátrica y la salud pública”.
En cuanto al camino de los vetos, Yedlin aseguró que “la potestad de los vetos está prevista para una situación excepcional, pero este Gobierno la ha usado de modo continuo. Cualquier ley que sale del Congreso, la veta. Esto no es un sistema republicano, por eso, nosotros tenemos el rol de seguir insistiendo. Porque es nuestra función”.
En cadena nacional y con un mensaje grabado, el presidente sostuvo que “el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo”.
Luego subrayó que “están impulsando gastos sin explicar el origen de su financiamiento”. Enseguida, echando por tierra cualquier expectativa de cambio de opinión o de aceptación de la voluntad de los representantes, comunicó que enviará un proyecto de ley para impedir que un presupuesto votado en el Congreso convalide la profundización del déficit fiscal.
El mandatario se mostró contrariado por el rechazo a los decretos de facultades delegadas que fueron enviados al Senado. Si la cámara alta también rechazara esos decretos, quedarían sin efecto definitivamente, como sucede con los DNU, según la Constitución. Si el Senado los avalara, seguirían vigentes, sin modificaciones.
Las repercusiones y los rechazos a la comunicación gubernamental se fueron sumando, insistiendo en que no encuentran explicación a lo que anuncian desde el Poder Ejecutivo. Daniel Gollán (UP), diputado por la provincia de Buenos Aires manifestó que “no hay argumentos para declarar inconstitucionales a leyes votadas por una enorme mayoría. En definitiva, no existen motivos. Son chicanas del presidente, lo que sucede es que les habla a los mercados y pretende demostrarles que ellos no van a ceder”.
Gollán añadió a continuación que “se ilusionan con otra conformación del Congreso, pero en realidad creemos que el electorado va a pensar en los jubilados y en los discapacitados. Esperamos que los cuiden, que se cuiden a sí mismos, a sus empresas y a su trabajo, que en definitiva es todo lo que destruye Milei”.
En ese sentido, también desde la oposición habló la diputada por Entre Ríos Blanca Osuna (UP), que esta semana celebró la media sanción del financiamiento universitario, en su carácter de miembro de la Comisión de Educación. “Lo que hacen y dicen es una definición amenazante, para paralizar toda iniciativa. La Justicia, en todo caso, lo que tiene que hacer es hacerle saber al presidente que está incurriendo en la comisión de delitos por el incumplimiento de las leyes, que rigen para todos los vecinos y mucho más para el presidente”.
Tratar el destrato
Lo que viene es una semana picante en comisiones, como la de Presupuesto, que preside José Luis Espert. Su temario cuenta con dos proyectos de ley y cuatro de resolución. También es el turno de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz (LLA) y de Peticiones, Poderes y Reglamento, comandada por Silvia Lospennato (Pro), que busca destrabar el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA. Todo esto sucederá luego de las comunicaciones oficiales que aportaron tanto a la rispidez entre ambos Poderes. El jefe de Estado adelantó que prohibirá que el Tesoro “financie el gasto primario con emisión monetaria” y anticipó el envío de un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que “incurran en déficit fiscal”, con el propósito de “amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno”. Seguidamente, destacó que “habrá sanción penal para legisladores y funcionarios”.
Los temas legislativos, más que nunca, toman relevancia durante este año, donde se da marcha y contramarcha ante cualquier normativa que intenta asomar en el horizonte. Así las cosas, el diputado por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, aclaró que “en el Congreso estamos trabajando para tratar los vetos presidenciales aproximadamente el 20 de agosto. Vamos a estar debatiendo en comisiones los proyectos de los gobernadores sobre los impuestos, un nuevo reglamento para la comisión de investigación del Caso Libra y los vetos presidenciales”. Especificó seguidamente que “entiendo que algunos tienen más chances de ser sostenidos por el Congreso que otros, de acuerdo a los números obtenidos en la primera votación. En detalle, “la moratoria llegó más justa en cantidad de votos, así que es un poco más complejo. Se debe trabajar para sumar apoyos. En cambio, para ratificar el aumento en jubilaciones del 7,2% y discapacidad, se han logrado mejores números”.
Enfático, el diputado santafesino sintetizó lo que aguardan de ahora en más en la caja de resonancia política que es el Congreso. “La Constitución es clara. El Ejecutivo puede vetar y el Congreso legisla. Los vetos no son judicializables, si el Congreso decide ratificar”.
En tanto, los diputados oficialistas cerraron filas tras la alocución de Milei y no quieren sumar motivos para tensar más las relaciones entre los espacios, a los que van a necesitar para que la oposición llegue a los dos tercios. Paulón adelantó su postura con respecto a la posibilidad de convocar a la Justicia. “Es una amenaza del presidente de la Nación, pero que, en caso de concretarse, puede motivar un juicio político. Si las Cámaras ratificaran, no hay ninguna chance para revertir esa decisión”.
Resistencias, discusiones y problemas correrán por los pasillos del Congreso en el segundo semestre y se repetirán en el debate del Presupuesto 2026. De este modo, se agregan cada vez más casilleros en el largo y sinuoso camino de cualquier ley que refleje las necesidades de la “casta ciudadana”.
