Durante 2024, el oficialismo -que no cuenta con números parlamentarios suficientes- consiguió sostener su decisión de vetar la iniciativa. Lo logró con el apoyo de aliados incondicionales, como el PRO, los radicales con peluca y algunos espacios provinciales. Sólo pasó un año, pero muchas fueron los obstáculos en el camino recorrido: el caso $Libra, el fentanilo contaminado, los recientes audios por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y, particularmente el cierre de listas, que ha generado más enemigos que aliados en el ámbito político.
La situación muestra un panorama disímil al del año anterior, ya que ya no le será fácil al Gobierno blindar sus vetos a las iniciativas opositoras. Con respecto a la Ley de Financiamiento Educativo, el diputado Pablo Carro postuló que “estamos esperando que el Senado gire la ley, para que el Poder Ejecutivo promulgue o vete, para lo cual cuenta con diez días. Nosotros tenemos muchas expectativas y creemos que, aunque exista veto, vamos a poder revertir esa situación”.
Luego, el legislador cordobés aseguró que “contamos con un gran apoyo y con la movilización de la comunidad universitaria. Esperamos que en el Presupuesto 2026 esto se tenga en cuenta. De acuerdo con el recorrido, esperamos un número que es casi histórico, el 0, 8 del PBI. Si así fuera, estaríamos en una situación similar a la que estaba el sistema al momento de asumir el gobierno Javier Milei”.
En 2025, el Programa de Desarrollo de la Educación Superior es un 9% inferior al de 2024 y acumula una caída del 32% desde 2023. El presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante, la menor desde 2005. En Argentina, las instituciones universitarias públicas se sustentan fundamentalmente a través del aporte del Estado Nacional. Esto se ha mantenido históricamente, si bien la ley sancionada en 1995 habilitó a las universidades a soportar sus costos a través de otras fuentes de financiamiento. Con una historia ligada a las universidades la legisladora radical Danya Tavela expresó que “se necesita actualizar los salarios y las partidas de funcionamiento. Es fundamental llegar a un acuerdo de actualización y recomposición de salarios y tener en cuenta las becas y su funcionamiento”. Para 2026 es necesaria una Ley de Presupuesto que contemple y consolide lo otorgado en 2024 y su actualización, porque se necesita previsibilidad. Actualmente, ni siquiera están garantizados los incrementos salariales otorgados. Esto se debe a que sin presupuesto las universidades no saben si van a poder o no pagarlo”.
Con una creciente impronta neoliberal, nada pareció detener a la administración mileísta durante 2024. Ni siquiera la Marcha Federal por la Educación Pública no arancelada realizada el 23 de abril. Sobre la Plaza de Mayo confluyeron más de 800 mil personas y ésta fue cuantiosa en las principales ciudades del país. Luego de la movilización, el 14 de septiembre el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de la legitimidad de la norma, el presidente la anuló, vía decreto. El Congreso volvió a reunirse para rechazar el DNU pero, por la presión del Ejecutivo, la Cámara Baja no consiguió los votos necesarios y la iniciativa tuvo que esperar otro año parlamentario para ser presentada nuevamente.
Barajar y dar de nuevo
Durante la última sesión el Senado insistió, con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones insistió con la Ley de Financiamiento Universitario. La premisa, acordada por las distintas bancadas, fue defender el acceso a la educación no arancelada, por lo que la propuesta se presentó en las comisiones, que inyectaron celeridad al tema. Diputados aprobó el rechazo al veto y giró la decisión al Senado, que consagró el propósito, aún a sabiendas de la intención presidencial de volver a vetar. Sin presupuesto aprobado y con pocas expectativas de un Presupuesto 2026, la demanda de recursos es preocupante y el horizonte es incierto durante el segundo cuatrimestre del año.
El Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Diego De Charras asumió que “La situación del financiamiento universitario cuenta con dos grandes dimensiones. En primer lugar, los salarios de los docentes y no docentes, donde hay un retraso con respecto del IPC de aproximadamente un 30%. Cabe aclarar que existe una leve diferencia, si se tiene en cuenta el IPC nacional o el IPC CABA. Sin embargo, de igual manera requeriría -para estar en los salarios de 2023- un aumento del 40 por ciento para volver a ese punto”.
Luego, detalló que “si uno hiciera esa cuenta de acuerdo a esos montos, sería como no haber percibido el salario por seis meses. Otra gran dimensión son los gastos de funcionamiento. Ahí hubo cierta recuperación después del conflicto del año pasado, pero volvieron a quedar retrasados. En el caso particular de la Universidad de Buenos Aires, quedaron gravemente desfasados en el sector de salud, que se corresponde con los gastos de funcionamiento de los hospitales, lo cual pone a la Universidad en la disyuntiva de tomar fondos de otros sectores y pone en peligro su funcionamiento”.
De tal modo, el docente e investigador en Derecho a la Información y Políticas de Comunicación agregó que “en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, estamos en una situación muy delicada y destinamos los recursos a gastos fijos que son mínimos e indispensables (como son las tareas de limpieza) para poder seguir funcionando. Se necesita que la Ley de Financiamiento como la que se viene tratando en el Parlamento no sea vetada y sea cumplida, ya que hay rumores que difunden que, aunque sea ratificado el rechazo, el inminente veto no se cumpliría, tras lo cual afirmó que “sería un antecedente gravoso para la democracia argentina. Hay que considerar que los movimientos por las retenciones agropecuarias involucraron más que el presupuesto que estipula esta iniciativa. No hay falta de fondos, lo que estamos atravesando es la decisión de distribuirlos en sectores de alto poder adquisitivo y de no hacerlo en las áreas de salud y educación”.
Raros, como encendidos
En las últimas jornadas se han tomado decisiones en el Poder Legislativo. La Comisión Investigadora del Caso $Libra ya cuenta con un presidente asignado, el diputado Maximiliano Ferraro, del bloque de la Coalición Cívica, que dispone de un plazo que vence el 10 de noviembre para presentar su informe. También comenzarán a investigar los casos fatales de fentanilo contaminado y se avanza con la reglamentación de los DNU, que ya obtuvo dictamen en Senado. Sin embargo, la contienda por los recursos universitarios seguirá presente en la hoja de ruta de los legisladores, si amaneciera un nuevo veto.
La diáspora de estudiantes que no pueden cubrir gastos de cursada es incesante. Ante la suba de los transportes, los viáticos se tornan insostenibles, aun cuando las universidades prosigan con su misión de no arancelar su oferta. El receso económico se traduce en menos estudiantes, lo que que reduce la matrícula, como sucede en el ámbito de la investigación, que castiga cruelmente la administración libertaria. En el análisis del docente y director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Luis Alén, “las universidades están en crisis desde que asumió Javier Milei la presidencia. Debido a la falta de presupuesto, el retraso del salario de docentes y no docentes ha llevado a un estado de crisis, que fue el punto de partida para elaborar una ley de Financiamiento Universitario. El Poder Ejecutivo ya aseguró que la vetará, por lo cual veremos si se puede insistir con las mayorías necesarias para que quede consagrada y que no ocurra que lo mismo que sucedió con la Ley de Movilidad jubilatoria, que fue dejada sin efecto por el veto presidencial y la ratificación de ese veto en la Cámara Baja”.
Las auditorías se realizan previa confección de un Plan Ciclo de 3 a 4 años, en el que están contenidos los planes anuales. A lo largo del Plan Ciclo se auditan todas las áreas de la universidad, incluyendo a las facultades y secretarías dependientes del Rectorado. De acuerdo a este punto, Alén declaró que “todas las universidades tienen mecanismo de Auditoría y eso se debe a la Ley de la Enseñanza Superior. Las cosas que dicen son un relato para hacerle creer a la gente que existen manejos turbios”.
En tanto, el jueves 4 de setiembre los senadores ratificaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetando el veto (la votación finalizó 63 a 7), luego de haber sido votado en el mismo sentido en la cámara baja. El Senado ratificó esta anulación y ante este paisaje y su consiguiente urgencia, las expectativas de inversión en educación se incrementaron.
Raros, pero encendidos, todavía existen aspirantes y profesionales que no relativizan los logros universitarios argentinos del último siglo. La batalla por el financiamiento universitario no es una moda, sino un imperativo social.
