Desde diciembre de 2023, el gobierno del presidente Javier Milei lleva adelante una política de ajuste y reestructuración del Estado que impactó de lleno en el empleo público y en las capacidades operativas de los organismos nacionales. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en menos de un año se perdieron 59.802 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 16,8 % en la planta total del Sector Público Nacional. En promedio, más de 85 personas por día fueron despedidas desde el inicio de la gestión libertaria.
El recorte se distribuyó de manera desigual entre los distintos niveles del Estado. Los organismos descentralizados fueron los más afectados en términos absolutos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado y, en menor medida, por los organismos centralizados. Sin embargo, al analizar los datos en términos proporcionales, la administración descentralizada sufrió el impacto más profundo, revelando un vaciamiento de funciones esenciales dentro del Poder Ejecutivo.
Entre las empresas públicas, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.118 despidos, constituyéndose en el caso más significativo del ajuste. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.265 cesantías, y el Banco Nación, que redujo su personal en 2.033 trabajadores. Aerolíneas Argentinas también se vio fuertemente afectada, con 1.856 desvinculaciones desde diciembre.
Si se observa el recorte en términos porcentuales, la ex agencia estatal de noticias Télam presenta la situación más extrema: cerca del 80 % de su personal fue despedido. Le siguen ENARSA Patagonia, y las empresas Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también experimentaron reducciones drásticas en sus plantillas. Estos casos marcan un fuerte retroceso en las políticas de comunicación, energía y educación digital del Estado nacional.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo los organismos desconcentrados y descentralizados, el mayor número de despidos se registró en la Agencia de Recaudación y Control de Actividades (ARCA), con 3.186 puestos eliminados. En segundo lugar, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) perdió 1.918 trabajadores, mientras que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) redujo su planta en 1.559 empleados.
En términos relativos, los recortes más severos se dieron en dependencias clave para la formulación y ejecución de políticas públicas. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64 % de su personal, convirtiéndose en el organismo más afectado proporcionalmente. Le sigue la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46 %, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 43 %.
El informe del CEPA advierte que el proceso de ajuste impulsado por el Ejecutivo no solo significó una reducción masiva de personal, sino también una transformación profunda en la estructura y el alcance de las funciones estatales. Diversos especialistas señalan que esta contracción compromete la capacidad del Estado para cumplir tareas esenciales en áreas como ciencia, transporte, seguridad social y comunicación pública, reconfigurando el mapa del empleo estatal y redefiniendo el rol del sector público en la Argentina.