En el centro del reciente escándalo por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ha colocado la familia Kovalivker, propietaria de la centenaria droguería Suizo Argentina S.A.. Emanuel Kovalivker fue protagonista de un intento de fuga al ser detectado en su auto con sobres llenos de dólares, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y anotaciones consideradas relevantes para la investigación. La Policía incautó 260.000 USD, más 7 millones de pesos, mientras la Justicia da seguimiento a la causa.
El escándalo no termina allí: los audios difundidos revelan que Suizo Argentina exigía un retorno del 8 % sobre los contratos ejecutados—dinero que, según lo registrado, iba directamente “a la Presidencia”, incluyendo un 3 % destinado a Karina Milei y participaciones para los hermanos Menem. Esta operatoria habría funcionado durante la gestión de ANDIS, presidida por Diego Spagnuolo, estrecho aliado de Javier Milei.
Además, el entramado político alcanza al armado electoral: desde sectores del peronismo sospechan que Jonathan Kovalivker financió la campaña de La Libertad Avanza (LLA) durante el ballotage de 2023, gestionando fondos para fiscalización y campañas negativas contra sus rivales. Esa vinculación se evidencia en registros que lo muestran jugando al pádel con Mauricio Macri en Nordelta, y reuniéndose con empresarios en la zona de Luján en plena etapa electoral.
El impacto político ya cruza el terreno legislativo: la oposición impulsa un pedido de informes en la Cámara de Diputados para citar a declarar tanto a Kovalivker como a Lule Menem, en busca de aclarar su rol en la supuesta red de coimas. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita contra los involucrados, incluido Emmanuel y otros operadores clave.
Este caso marca un punto de inflexión: no solo reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión pública y el control de subsidios, sino que expone cómo familias con arraigo empresarial y redes políticas consolidadas pueden operar con amplitud en tiempos electorales. La resonancia del caso compromete la imagen no solo de los acusados, sino también de los espacios políticos que los respaldaban o vinculaban, sumiendo al oficialismo en una crisis de legitimidad ante la ciudadanía.