El descontrol del gas: proliferan depósitos ilegales y envases fuera de norma

El descontrol del gas: proliferan depósitos ilegales y envases fuera de norma

La cámara que nuclea a fabricantes y distribuidores llevó el caso a la Justicia.


La desregulación del mercado del gas impulsada por el gobierno de Javier Milei ha generado un alarmante descontrol en la comercialización de garrafas, según ha denunciado la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado y sus Componentes (Cafadigas). Esta situación ha motivado la presentación de acciones judiciales ante la falta de controles que favorecen a operadores clandestinos y representa un riesgo para la seguridad de los consumidores y el empleo formal en el sector.

Darío Simonetti, presidente de Cafadigas, hizo hincapié en que “modificaron la ley para darle más competitividad al negocio y que ingresen nuevos actores, pero el efecto fue adverso”. La Cámara argumenta que el decreto que desmanteló el sistema de regulación previo ha abierto la puerta a un “descontrol” que puede causar accidentes, como evidenció una reciente explosión en un parque industrial en Ezeiza que resultó en un incendio de gran magnitud.

El panorama de irregularidades es preocupante. En su accionar judicial, la Cámara ha documentado casos donde “garrafas vencidas, cilindros sin trazabilidad y acopios improvisados en viviendas particulares” son el pan de cada día. La ausencia de inspectores es alarmante: “El 47% usa garrafa, el resto Gas Natural. Un auditor de seguridad e higiene nos dijo que para Gas Natural hay cuatro mil inspectores. Para la Garrafa, no llegan a 7. ¿Quién controla?”, cuestionó Simonetti.

La desregulación ha dejado un vacío regulatorio que ha sido ocupado por operadores informales que carecen de la estructura y los recursos necesarios para garantizar la seguridad en el manejo de un producto inflamable. Según Cafadigas, “el gas envasado no funciona como un mercado de bienes comunes” y requiere protocolos de seguridad estrictos.


La Cámara ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el decreto que desreguló el gas envasado, argumentando que tale legislación avanza sobre competencias que deben ser discutidas por el Congreso y que desmantela normas de seguridad. “La acción apunta a que la Justicia declare inválidas aquellas disposiciones que desmantelaron el sistema de control sobre la actividad”, informaron fuentes de la Cámara.

Como consecuencia de esta situación, la industria prevé que la continuidad del esquema podría comprometer unos 3,500 puestos de trabajo directos vinculados a la cadena del gas licuado. La competencia desleal generada por los operadores clandestinos plantea un riesgo inminente, y el sector pide a las autoridades que fijen precios mínimos y máximos para salvaguardar tanto la seguridad como los empleos en el mercado.

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