Las líneas escritas acerca de las reformas pretendidas por el Gobierno son variopintas. No obstante, desde la mayoría de los espacios prefieren no manejarse en la incertidumbre. El Consejo de Mayo, producto de la discutida Ley Bases, confirmó que el texto de la reforma laboral se presentará el nueve de diciembre. Casi en simultáneo, fracasó la intención de sesionar antes del cierre del período ordinario y con este nuevo capítulo el armado de Fuerza Patria corre cada vez mas riegos de fracturarse en ambos recintos y dejar de ser la primera minoría. Las citas de asunción están agentadas: el 28 de noviembre asumirán los veinticuatro senadores electos, en tanto que en la Cámara Baja asumirán el tres de diciembre, fecha en la que tendrá lugar la renovación de autoridades. Así, Martin Menem ya celebra la renovación de su titularidad en Diputados.
Los días antes del 30 de noviembre, fecha en la que finalizan las sesiones ordinarias, son claves para los proyectos con dictamen que no han sido tratados por ambas cámaras. En el Senado, la premisa sin tratar es la modificación de la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Es ahora o nunca, ya que, con un bloque de 20 senadores oficialistas y algunos aliados, el tema no tiene chances de volver a tratarse en 2026. Del mismo modo, carece de posibilidades el tratamiento del financiamiento y la autonomía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Lo cierto es que tal iniciativa sumó apoyos y en el encuentro se reunieron líderes institucionales, especialistas y destacados atletas olímpicos y paralímpicos. En ese cónclave tuvo consenso la propuesta de restablecer la autarquía del ENARD, devolviéndole la fuente original de financiamiento: el impuesto del 1% sobre la facturación de las empresas de telefonía celular y de las TIC. De hecho, se ampliaba su espectro, que en principio sólo correspondía a telefonía celular, sumándole ingresos por telefonía fija y acceso a internet. Los días siguen cayendo en el almanaque y de no tener éxito una nueva sesión estos proyectos quedarán en el tintero.
De cara a los últimos días, muchos legisladores prefieren no brindar declaraciones sobre sus expectativas, justo cuando se aprestan a dejar su lugar. Por detrás, se sabe que siempre hay disputas por los despachos que se asientan en el Palacio, en detrimento de aquellos que se ubican en los anexos. La diputada Laura Rodríguez Machado (PRO –Córdoba) postuló que “no ingresó el pedido de sesiones aún, allí se define el temario. Hasta que el Ejecutivo no cite no conocemos cuáles serán los tópicos a discutir”. La hipótesis con más probabilidades es que el turno del Presupuesto sea en diciembre y, en ese caso, las reformas laboral, tributaria y previsional coparían el escenario en febrero.
Para vaticinar lo que deparará diciembre, la abogada y candidata por Movimiento Plural, María Cecilia Contreras, explicó que los principios de la reforma laboral que pretende la actual gestión “se encuentran en las antípodas del orden público laboral. La intención es adicionar la figura del trabajador independiente con tres colaboradores”.
Luego denunció que “esto no es más que el disfraz de una relación laboral de la ley de contrato de trabajo, solapada en una figura estimatoria los derechos del trabajador y, principalmente, contraria al orden público laboral. Una reforma legislativa no puede destruir el orden público laboral supra constitucional”. De tal manera, enfatiza, el ítem del banco de horas es inconstitucional porque viola el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al afectar los derechos a la jornada limitada y a una retribución justa, ya que las horas extras tienen un recargo legal del 50% o 100%.
Qué me van a hablar de amor
Todo acuerdo implica que las dos partes cedan algo, pero en algunos casos, los intereses priman ante cualquier vestigio de afecto. Todavía no se conoce el contenido del tratado con Estados Unidos, pero se sabe que desde las tierras del norte desean que este año la Ley de Leyes esté aprobada y que los cambios pedidos en materia laboral y tributaria estén en vigencia.
Cabe destacar que la más controversial de las medidas es la modificación en el régimen de trabajo, que anunciaría una flexibilización laboral en Argentina. Los problemas a tratar giran en torno a las indemnizaciones, ya que incluye sustituir o reducir la indemnización por despido mediante un fondo de cese laboral. Otro tema es forma de contratación, ya que se extendería el período de prueba de tres a seis o hasta doce meses y se fomentarían modalidades de contratos temporales o para emprendedores. Y los puntos a discernir continúan de acuerdo a las jornadas y funciones, que evalúan dar más facultades al empleador para modificar la jornada laboral y las tareas del trabajador. Por último, llega lo que se refiere a la negociación de convenios colectivos por empresa, en lugar de por rama.
Contreras adelantó que “no se minimizarán los litigios, todo lo contrario, la ley de flexibilización laboral va a ser un caos para las pymes, las más golpeadas del sector”. En consonancia, el dirigente gremial Vittorio Pirillo (secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López) descree sobre los resultados de la reforma. “Si no hay cambios y la forma de pensar es la misma, no creo que se modifique sustancialmente la reforma, que en algunos momentos de este último período de la Argentina se quiso impulsar y fracasó”. Denunció que el gobierno de Javier Milei hace uso de esta técnica de “tirar para ver qué es lo que pasa”, cuáles son los artículos que podrían tener mayor resistencia, cuáles son los que pasarían la prueba y luego intentar el consenso con empresarios y dirigentes sindicales.
Contreras adujo además que “los convenios colectivos sólo pueden negociarlos los trabajadores por medio de los sindicatos, reunidos con personería gremial por actividad, con el empresario del sector o cámara empresarial. Hacerlo por empresa implica menoscabar a los sindicatos como grupos de presión para la obtención del piso de derechos laborales”. Finalmente, expresó que “en síntesis, los sindicatos para sobrevivir deberán contratar mediadores con la especialidad en negociación colectiva, porque la negociación ya no será por actividad, sino que la reforma laboral pretende que sea de forma directa entre el trabajador y la empresa independiente”.
El mundo laboral, indudablemente padecerá en todas sus aristas, de acuerdo al presente contexto en Diputados. Hace pocos días ingresó un proyecto para modificar la Ley de Empleo Público N° 25.164, para modificar la garantía del derecho a la indemnización en caso de despido injustificado y el derecho a la estabilidad luego del desempeño por más de 10 años en forma ininterrumpida sin haber pasado a la planta permanente. La iniciativa se enmarca en una coyuntura adversa para los derechos de los trabajadores, luego del anuncio del envío al Congreso de la reforma laboral.
El diputado Eduardo Valdés (UP) subrayó que “es paradójico que el Estado le exija al sector privado, luego de superado el plazo de tres meses del período de prueba, que asuma la indemnización ante un despido injustificado, pero por otro lado el propio Estado pueda despedir a un trabajador luego de transcurridos cinco, diez o 28 años de antigüedad, como ha ocurrido con varios trabajadores desvinculados a partir del 10 de diciembre de 2023 a la fecha, sin pagar indemnización alguna”. El expediente en la cámara baja cuenta hasta el momento con las firmas de los diputados Hugo Yasky, Leandro Santoro, Lorena Pokoik, Santiago Cafiero, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Hilda Aguirre, Varinia Marin, Nancy Sand, María Luisa Chomiak, Jorge Araujo, Eugenia Alianello, Jorge Romero, Natalia Zabala Chacur y Ana María Ianni.
Desde otra perspectiva se manifestó Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, quien sostuvo que “está claro que el formato actual del mercado laboral no funciona y quedó obsoleto. Hace aproximadamente quince años que el sector privado formal se encuentra estancado. En la medida en que no se solucione el problema de la litigiosidad laboral y se flexibilice el mercado laboral, la situación continuará como está. Es por eso que se vuelve sumamente importante aprovechar la oportunidad para comenzar a encarar las reformas estructurales, entre ellas, la laboral”.
Rezagos de liquidación
El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, sigue “tomando nota” de las peticiones de los mandatarios provinciales, protagonistas indispensables de los éxitos y fracasos de las sesiones que vienen. Si el mileísmo cumple con algunas promesas, tiene asegurado el respaldo ante la afrenta neoliberal que llevan adelante. Una de las últimas acciones que protagonizó el Gobierno, es un nuevo desplante. El ministro de Salud Mario Lugones y la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, faltaron otra vez a la comisión que investiga el caso del fentanilo adulterado y quedaron bajo la mira por posible desobediencia. De este modo, los diputados de todos los bloques reclamaron explicaciones políticas y en estos días apuran el informe final, en medio de acusaciones de connivencia, impericia y falta de control estatal. El titular de Salud no ha asistido tampoco a las convocatorias hechas en el marco de la investigación de las irregularidades en la ANDIS. Durante 2024 y 2025 otros funcionarios aportaron a una infinita lista de faltazos ante el Poder Legislativo.
Así los hechos, se demuestra que los caminos de la investigación en el Congreso, aunque sean fructíferos, no reciben respaldo institucional cuando el clima político no acompaña. Si el fin es la búsqueda de la verdad y la genuina transparencia, hasta ahora ninguno de los intentos en ese sentido obtuvo la aprobación que hubiera correspondido.
