Tras una semana en la que las controversias tuvieron primacía en la agenda parlamentaria, se suman distintas expectativas sobre un histórico rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En este contexto hay lugar para un nuevo debate: una normativa actualizada, que aborde la temática integralmente.
El veto a la Ley de Emergencia fue derogado por ambas Cámaras. Además, logró ser ratificada en Diputados luego del veto. El recorrido no fue fácil, ya que desde abril la lucha es aun más intensa y todavía deberá sortear un último tramo en la Cámara de Senadores. Si se lograra alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes, el resultado la convertiría en Ley, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional. La discusión definitoria, probablemente se llevará a cabo el próximo jueves cuatro de septiembre.
En ese marco, la activista Laura Alcaide manifestó que “necesitamos el apoyo de todos al momento de tratarse en el Senado. Si no hubiera sido así, no se hubiese logrado el rechazo al veto en Diputados. Quisiéramos lograr un paro general, para que puedan acompañar la votación del Senado. Se necesita la lucha popular para garantizar el resultado”.
Los obstáculos fueron las presiones a los gobernadores que partieron desde la Casa Rosada, la promesa de judicializar el resultado de la votación y los anuncios de última hora sobre aumentos, entre otros. No obstante, el Poder Legislativo se plantó en esta ocasión. Alguna vez debía responder al clamor de un sector con verdaderas necesidades. El Diputado Daniel Arroyo detalló que “desde febrero presenté este proyecto y cinco veces dijo el Gobierno que lo estaba estudiando. Es un tema que está fuera de la grieta. Es pura humanidad”.
Los diputados rechazaron el veto del presidente Javier Milei contra la ley que declaraba la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027(172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones). El texto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, entre otras urgencias. El vicepresidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe, Luciano Urrutia, explicaba que “los trabajadores de talleres protegidos reciben el cobro de una prestación establecida por el directorio a nivel nacional y no se actualiza desde el año pasado, por ende, son montos irrisorios. Obligatoriamente estamos hablando de pobreza”.
La iniciativa incluye compensaciones económicas; regularización de pagos y actualización de aranceles, reforma del sistema de pensiones no contributivas; fortalecimiento institucional; transparencia y rendición de cuentas; actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD); fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día y cumplimiento del cupo laboral (reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad).
Sobre llovido, mojado
Las tempestades no terminan en la permanente demanda que deben los beneficiarios para mantener sus derechos. En estos días, las denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos se agregaron a la lista de reveses a investigar. Las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados convocaron a un plenario al ministro de Salud, Mario Lugones. También fue citado el doctor Alejandro Vilches, quien fue asignado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días, tras la remoción de Diego Spagnuolo.
Asimismo, fue confirmada la visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados, que se produjo el miércoles 27 de agosto. Será el tercer informe de Gestión en lo que va del año. Cabe destacar que en su última alocución en Senado se retiró sin terminar su presentación, ante las críticas de la senadora Cristina López, de Tierra del Fuego.
A este cuadro de situación se añaden los reproches de los legisladores sobre la voluminosa carpeta de temas sensibles. Con respecto a la posibilidad de conformar una comisión que para investigar la causa fentanilo, la Diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, aseguró que “hice un reclamo al juez, ya que el titular del laboratorio, en una entrevista, demostró saber sobre las historias clínicas de las víctimas y otros puntos pocos claros de la investigación. Cuando se presente el pedido de crear una comisión, lo voy a acompañar”.
Las causas a defender son diversas y no pueden aguardar esperanzas presupuestarias. La diputada Gabriela Brouwer de Konig (UCR) declaró que “hasta el día de hoy hemos esperado que el Gobierno presente un presupuesto y hasta ahora no tuvimos respuestas. Por ende, voy a acompañar las leyes sancionadas sobre la Emergencia en Discapacidad y el aumento a los jubilados. Nos vemos obligados a tratar estos proyectos porque no tenemos presupuesto sancionado y manejan discrecionalmente los recursos”. Luego agregó que “necesitamos un presupuesto nacional y reasignar las partidas”.
Entretanto, el legislador Juan Fernando Brügge (Encuentro Federal) se refirió a otra derrota al oficialismo, que el miércoles pasado le asestó la Cámara de Diputados, referida a la aprobación de los Aportes Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos. “El presidente Milei dice que está trabajando en el déficit cero, pero lo está haciendo con los recursos de las provincias. Del combustible cargado en todo el país, el 90 por ciento se lo lleva el Gobierno. Eso no corresponde y así lo resguarda la Ley de Coparticipación Federal”. Sintetizando, afirmó que “es necesario establecer justicia en el uso de los recursos, sino el Gobierno usufructúa lo que no es suyo”.
Horizonte de un nuevo comienzo
La Ley de Discapacidad data de 1981, por lo cual se necesita un cambio de paradigma, que parece más cercano luego del triunfo legislativo. Ya en 2022 se realizaron audiencias públicas para sancionar un nuevo marco normativo.
En un futuro cercano, se trabaja para reemplazar la Ley 22.431, del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que fue sancionada y promulgada en 1981, durante la última dictadura cívico-militar. Es posible que la batalla se produzca luego del 10 de diciembre, pero ya tiene adeptos que trabajan en ella. Las organizaciones de familiares y profesionales discuten en estos días la nueva Ley de Discapacidad, con el fin de generar instancias de diálogo e intercambio plurales y federales, que recopilen los aportes y opiniones de la sociedad civil. La nueva ley de discapacidad respondería a otro paradigma. Incluiría una impronta de Derechos Humanos, con perspectiva de género, intersecciones e intercultural. Es decir, apostaría a lineamientos que reconozcan a las personas como objetivo y a promover diseños universales de todos los entornos y herramientas de apoyo.
Así, la agenda política debe atender frentes insoslayables, pero, sin dudas, si de salud se trata no hay tiempo de cruces y peleas vanas.
El Senado aprobó el último jueves el proyecto de Financiamiento Universitario y el de Emergencia Pediátrica. Al respecto, la senadora santacruceña, Natalia Gadano, expresó que “tratar una ley de emergencia es admitir la ausencia por parte del Estado en ciertas instituciones fundamentales. El Garrahan es un orgullo nacional. La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad”.
El quiebre de acuerdos es notorio, no sólo con los representantes aliados, sino también con los propios como expresó el diputado Carlos D’Alessandro al romper con el bloque libertario. “Intentamos recuperar las ideas de la libertad contra la casta y contra la corrupción, como lo planteamos en la campaña de 2021”. Acerca de la última sesión, admitió que “hay temas que no podemos eludir. Considero que el tema de discapacidad es muy importante, por la necesidad del sector y por el retraso de las partidas. Nos vimos en la obligación de dar respuestas y decidimos dar quórum”.
Además, sentenció que “cualquier hecho de corrupción que se sospeche de parte de un funcionario público debe ser investigado”. De este modo, los diputados Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta se alejaron del oficialismo y conformaron una nueva bancada, a la que denominaron Coherencia, en medio de uno de los momentos más difíciles para el Gobierno libertario.
