Este miércoles, diputados y senadores nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°2 para informar su intención de visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio, sin necesidad de pedir autorización judicial ni presentar aviso previo. El documento, entregado al mediodía, sostiene que el contacto con la expresidenta se enmarca en sus derechos como representantes del pueblo y rechaza cualquier tipo de restricción que pueda imponer el Poder Judicial.
En la nota elevada a los jueces del tribunal, los legisladores nacionales destacaron que su investidura parlamentaria les habilita a concurrir al domicilio de la exmandataria cada vez que lo consideren pertinente. Además argumentaron que impedirles este acceso constituiría una violación a la división de poderes y a los principios básicos de la democracia representativa. La presentación se apoya en diversas garantías constitucionales y convenciones internacionales de derechos humanos.
“En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la ex presidenta”, expresaron en el documento. También subrayaron que la medida restrictiva resulta discriminatoria, ya que otros ciudadanos en prisión domiciliaria pueden recibir visitas sin estos condicionamientos.
Los argumentos legales que presentó el bloque
El escrito detalla siete puntos centrales que justifican el derecho de los legisladores a visitar a Cristina. En primer lugar, mencionan el mandato de representación popular, que les otorga un rol institucional y político en asuntos de relevancia pública. Esto, según afirman, incluye la posibilidad de tener contacto directo con figuras como la exvicepresidenta, cuyo papel en la política nacional consideran aún activo y significativo.
Además, hacen hincapié en las facultades privativas del Poder Legislativo. Señalan que la Constitución Nacional, en sus artículos 67 a 69, garantiza la protección del ejercicio legislativo y prohibe cualquier interferencia que pueda limitar su labor. En esa línea, sostienen que las inmunidades parlamentarias no son beneficios personales, sino mecanismos para asegurar el funcionamiento independiente del Congreso.
“La situación de Cristina Fernández de Kirchner reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país”, destacaron. Por ello, agregan que cualquier intento de limitar su acceso a la exjefa de Estado implicaría un menoscabo del mandato que recibieron de la ciudadanía.
La defensa de la división de poderes
Otro eje de la presentación es la defensa del principio de división de poderes. En opinión de los legisladores nacionales, cualquier restricción impuesta por el Poder Judicial en este contexto representa una intromisión en facultades propias del Congreso. “Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes”, argumentan. Y señalan que permitir visitas sin restricciones es un acto de respeto hacia la independencia institucional.
En ese marco, apelan también a los precedentes y normas sobre dignidad humana. Comparan el caso de Cristina con el de otros detenidos en prisión domiciliaria, a quienes habitualmente pueden visitar sin necesidad de trámite alguno. Resaltan que imponerle condiciones más severas a la expresidenta no sólo resulta arbitrario, sino que contradice el espíritu de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Cristina, como figura política y jefa del PJ
La presentación también incorpora la dimensión política del caso. En el texto, los diputados y senadores recuerdan que Cristina no sólo es una expresidenta y exvicepresidenta, sino que además es la presidenta del principal partido opositor. Esto, aseguran, convierte sus reuniones con ella en una cuestión de interés público e institucional.
“La relevancia institucional y política de Cristina Fernández de Kirchner es indiscutible”, insisten. En consecuencia, limitar el contacto con ella afectaría directamente la tarea parlamentaria del bloque, que sigue considerando a la exmandataria como una de sus principales referentes. En ese sentido, subrayan que las reuniones forman parte del ejercicio de representación política para el cual fueron elegidos.
Finalmente, el texto se refiere al rol de los partidos políticos dentro del sistema democrático. Como integrantes de Unión por la Patria, los representantes sostienen que las visitas a su conductora natural forman parte de una dinámica legítima dentro del funcionamiento institucional de la vida partidaria. La autoridad que ella ejerce en el espacio político, concluyen, justifica plenamente el contacto regular y directo, sin interferencias de otros poderes.
Sin autorización, pero con fundamentos legales
Con esta acción, senadores y diputados de Unión por la Patria buscan sentar un precedente respecto del alcance de su función legislativa. Lejos de tratarse de un pedido de excepción, el escrito ante el Tribunal Oral Federal N°2 fue presentado como una notificación: no solicitan permiso, sino que informan de su decisión de ejercer el derecho a mantener reuniones con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio.
Además de la fundamentación legal y constitucional, el bloque apeló al sentido común y al precedente de otros casos. “En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria sin necesidad de aviso alguno o autorización previa”, recordaron. En cambio, cuestionaron el trato diferencial que recibe la expresidenta, al que calificaron de excesivo y sin justificación válida.
La iniciativa fue coordinada por legisladores del Congreso de la Nación, que anunciaron que continuarán visitando a Fernández de Kirchner siempre que lo estimen necesario. Según señalaron, la comunicación con la exmandataria no solo es legítima, sino también esencial para el funcionamiento interno del bloque y del espacio político que integran.
Rechazo a condiciones “estrictas e inconstitucionales”
En la presentación, Unión por la Patria insistió en que las condiciones impuestas a la expresidenta son “estrictas y hasta inconstitucionales”, una situación que, en su opinión, debe corregirse para evitar que derive en nuevas restricciones. En este contexto, advierten que sus visitas no deben transformarse en una carga para la exmandataria ni en un argumento para recrudecer las medidas judiciales en su contra.
La acción de los legisladores fue leída también como un mensaje político y una advertencia hacia otros poderes del Estado. Al destacar su rol como legisladores nacionales y representantes del pueblo, el bloque buscó reafirmar su autoridad institucional y dejar en claro que no aceptarán restricciones que, desde su perspectiva, vulneren las normas democráticas.
Con esta presentación, la oposición dejó planteada una controversia que excede la sanción contra la jefa del PJ, sino que abarca también al equilibrio de poderes dentro del sistema institucional. Más allá de la respuesta del tribunal, sea ésta cual fuere, el planteo va más allá de lo judicial, por lo que es de esperar que se producirán nuevos recursos en el futuro cercano, no sólo en los tribunales argentinos e internacionales, algo que ya ocurrió, sino ante instancias del ámbito de los derechos humanos.
