Finalmente, tras varias demoras –que tuvieron mucho que ver con la necesidad de cerrar los números antes de bajar al recinto-, el Aporte Solidario Extraordinario fue sancionado por la Cámara de Diputados y el proyecto fue enviado al Senado, adonde los números –el bloque oficialista tiene 41 integrantes- están asegurados.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores que se realizará el martes próximo, 24 de noviembre, comenzará a tratarse el proyecto para su sanción definitiva.
El tránsito de la propuesta elaborada por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller fue largo, ya que después de más de cuatro meses de discusión fue ingresado a la Cámara de Diputados el 28 de agosto último. La intención original era que se debatiera en septiembre, pero eso no fue posible. Es difícil gravar a las fortunas más grandes de cualquier país del mundo. Como muestra baste saber que dos países europeos –Francia y Bélgica- eliminaron en 2020 este impuesto, que era permanente y no “por única vez”, quizás a causa de la recesión provocada por la pandemia de Covid-19.
Para empezar, en Argentina, 440 personas poseen entre el 6,5 y el nueve por ciento del patrimonio total. Para agravar las cosas, estas personas tienen el 83 por ciento de sus bienes radicados en el exterior. Es una riqueza que se amasa en la Argentina, pero se fuga hacia todos los paraísos fiscales que se reparten por el mundo. Riqueza “ofshore”, se la podría denominar.
Génesis de un gravamen
Más allá de las fechas mencionadas, la primera vez que se escuchó hablar de un impuesto a las grandes fortunas fue el cuatro de abril pasado, cuando el propio presidente de la Nación aludió a la posibilidad de instituirlo.
La sanción de la ley responde tanto a la necesidad del Estado de recaudar fondos en estos tiempos de magras billeteras, como a la urgencia de poner un límite a la insaciable sed de ganancias fáciles que muestra un sector empresarial ligado a la economía especulativa, que pasaron cuatro años en el paraíso (fiscal) y no se muestran proclives a negociar una disminución de sus cuantiosos ingresos.
Ocurre que durante 2020 no hubo tregua. La pandemia afectó gravemente la capacidad recaudatoria del Estado, que además debió acudir en socorro de los sectores más desprotegidos, que no comenzaron su calvario el 20 de marzo último, cuando el Covid-19 entró en escena y obligó al Gobierno a decretar el aislamiento, sino que llegaban a ese punto tras cuatro años de pérdidas constantes.
Desde el lanzamiento del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, la caída de la recaudación rozó la catástrofe. En abril del año en curso fue el peor momento, cuando llegó al 23,4 por ciento. En mayo, la caída aminoró apenas un poco, cuando alcanzó el 20,4 por ciento, seguidos por el 15,4 por ciento de junio y el 12,7 por ciento de julio. En agosto, con un paulatino regreso de la actividad económica, los ingresos fiscales cayeron “apenas” un 5,4 por ciento, para pasar a un 4,3 por ciento positivo en septiembre y a un alza del 3,9 por ciento en octubre.
A todo esto, se estima que la caída en el PBI 2020 podría acercarse a ocho puntos.
Desmitificando
Los argumentos que utilizan algunos analistas económicos para cuestionar la estructura impositiva argentina, a menudo están teñidos de ribetes legendarios. La mayor alícuota impositiva en nuestro país es del 35 por ciento, mientras que en los países de la Unión Europea ese índice supera en ocasiones el 40 por ciento y en algunos casos llega al 55 por ciento.
La lista la encabeza Dinamarca, que grava la renta personal con hasta el 56 por ciento, seguido de cerca por Finlandia, que llega hasta el 55 por ciento por el mismo concepto. Bélgica figura en el tercer puesto en este ranking aleatorio, cobrando a sus súbditos un 50 por ciento por las rentas personales. Muy cerca se ubica Holanda, que exige a sus súbditos el 49,5 por ciento de su renta personal. En Alemania, los aportantes llegan a abonar el 45 por ciento de su renta personal, al igual que en España y en Francia. Los italianos tributan hasta el 43 por ciento de sus ingresos, mientras que en el Reino Unido, sus ciudadanos deben oblar el 40 por ciento. La mosca blanca de esta lista es Noruega, donde sólo se abona el 22 por ciento.
Pero en cuatro de estos países, además existe el gravamen sobre el patrimonio. Los que más pagan son los españoles, que tributan anualmente el 2,5 por ciento, mientras que los holandeses abonan el 1,6 por ciento sobre los retornos de inversión. En Noruega se paga por el mismo concepto el 0,85 por ciento anual, mientras que en Italia se paga incluso por las propiedades en el extranjero hasta el 0,76 por ciento anualmente. En este último país, las inversiones en el exterior tributan, por su parte, el 0,20 por ciento.
Estos gravámenes a la riqueza tienen un sentido que excede el espíritu recaudatorio del Estado, sirven también para limitar la desigualdad. No existen los funcionarios rapaces, que les quitan el dinero a los empresarios para llevárselo a sus casas.
Para empezar, en Argentina, 440 personas poseen entre el 6,5 y el nueve por ciento del patrimonio total. Para agravar las cosas, estas personas tienen el 83 por ciento de sus bienes radicados en el exterior. Es una riqueza que se amasa en la Argentina, pero se fuga hacia todos los paraísos fiscales que se reparten por el mundo. Riqueza “ofshore”, se la podría denominar.
Es imprescindible, por lo descripto, que sea encarada una fuerte reforma impositiva, habida cuenta la alta tasa de evasión y fuga hacia paraísos fiscales de los ingresos empresariales y la consecuente falta de inversión y de trabajos no registrados que son el resultado de estas prácticas.
El poroteo, con presencias y fugas inesperadas
La materia más esperada de la noche fue la composición del voto que aprobaría el gravamen a las grandes fortunas. Contra algunos pronósticos, el dictamen de la mayoría fue apoyado, más allá de los 114 votos propios del Frente de Todos, por los bloques Córdoba Federal (3 votos); Consenso Federal (2 votos); Frente para la Concordia Misionero (3 votos); Justicialista (2 votos); Unidad Federal para el Desarrollo (2 votos); Acción Federal (2 votos); UCR Jujuy (2 votos); Socialista Santa Fe (1 voto); Frente Progresista Santa Fe (1 voto) y Juntos Somos Río Negro (1 voto). Entre todos, sumaron 133 votos favorables al proyecto del Ejecutivo, tomando en cuenta que con 129 alcanzaban. Además, hay que tomar en cuenta que el presidente de la cámara, Sergio Massa, no vota sino en caso de empate y José Ignacio de Mendiguren está de licencia.
Es de destacar que en este segmento existió un fuerte apoyo de los diputados que responden a algunos gobernadores como Juan Schiaretti (Córdoba); Gerardo Morales (Jujuy); Arabela Carreras (Río Negro) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). También hay que hacer la salvedad de que en los casos de Río Negro y Misiones, en realidad los líderes partidarios no son los gobernadores, sino los caudillos provinciales Alberto Weretilnek y Carlos Rovira, ambos exgobernadores de sus provincias. Schiaretti y Morales, en cambio lideran sus aparatos partidarios y sostienen una relación ocasional con la Casa Rosada, lo que significa que apoyarán sólo los proyectos del Ejecutivo que los beneficien directamente. El resto de los votos fueron la consecuencia directa de la ‘muñeca’ de Máximo Kirchner y Sergio Massa, ‘muñeca’ que también estuvo presente en la negociación con los líderes provinciales.
En un tema tan crucial, hubo pocos ausentes en el recinto. Cuatro de ellos fueron los diputados del Frente de Todos, Julio Ferreyra (Jujuy); Cecilia Moreau (Buenos Aires) y Bernardo Herrera (Santiago del Estero), a quienes habría que sumar a José Ignacio de Mendiguren, de licencia para presidir el Banco de Inversión y Comercio Exterior. El único opositor ausente fue Juan Martín, de la UCR Santa Fe. También faltó a la cita Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal.
Por su parte, la oposición también cosechó aliados por fuera de sus fronteras. A los 53 votos del Pro, los 43 de la UCR y los 14 de la Coalición Cívica, sumó el de Graciela Camaño, que milita en el bloque Consenso Federal, que responde a Roberto Lavagna. A ellos se unieron el catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social), la tucumana Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social), la neuquina Luz Sapag (Movimiento Popular Neuquino y el sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo). Estos últimos, excepto Sapag, suelen votar con la oposición, o sea que no fueron votos inesperados, como el de Graciela Camaño, cuyos dos compañeros de bloque –Alejandro ‘Topo’ Rodríguez y Jorge Sarghini- votaron favorablemente el proyecto.
Finalmente, a la espera de la aprobación del proyecto en la Cámara de Senadores, es casi seguro que algunos de los poseedores de los patrimonios alcanzados por el gravamen se defenderán en los tribunales y conociendo la naturaleza de algunos jueces, hasta quizás alguno logre que le sea concedida alguna excepción. Algunos aseguran que llegarán hasta la Corte Suprema de Justicia, si fuera necesario.
Pero ésa es otra historia.
