El inmenso cartel luminoso de Coca Cola, instalado frente al Obelisco tuvo corta vida, pero parece que resucitará a partir de un sospechoso acuerdo político, judicial y empresarial. Noticias Urbanas accedió en exclusiva a las pruebas que demuestran que los que denunciaron a la empresa multinacional cambiaron de postura y aceptan que se vuelva a activar el mayor cartel publicitario de tipo LED en Sudamérica.
En el amparo titulado ?Epszteyn, Eduardo Ezequiel y Otros c/ GCBA?, un trío de legisladores opositores al PRO recurrió a la justicia del fuero contencioso administrativo para desactivar el cartel de Coca Cola que inauguró a fines de mayo el propio Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
El legislador Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), quien encabezó la denuncia, al momento de trascender la decisión judicial de desactivar el cartel, sostuvo: ?Es lindo pero el problema es que no respeta la ley. Esos carteles sí se pueden colocar sobre terrazas o techos?. A esas palabras se las llevó el viento. Hoy, el titular del bloque ibarrista en la Legislatura considera que no existe violación a la ley por parte de Coca Cola, que tiene el aval de la gestión PRO.
El giro en la postura del legislador antes denunciante, que es acompañado por su colega de bloque, el propio Aníbal Ibarra, y un aliado, Martín Hourest, cuyo bloque, Igualdad Social, se articula con Proyecto Sur, quedó evidenciado al momento de pedir una conciliación. A través de su abogado, Alberto Diego Sarciat, el legislador ibarrista solicitó que ?se fije audiencia conciliatoria con carácter de urgente?.
El 14 de septiembre se realizó la audiencia de conciliación y se firmó el acuerdo. Los primeros interrogados sobre la posibilidad, justamente, de un acuerdo, fueron los representantes de la Superintendencia Federal de Bomberos. Fueron los únicos que se opusieron. Sostuvieron que ?ya se han manifestado en el informe presentado?. Rápidamente se retiraron de la audiencia.
Alejados los opositores, las partes arribaron finalmente a un acuerdo. Las peleas fueron sepultadas y todos estrecharon sus manos: los representantes de la multinacional, los funcionarios macristas y los legisladores de la oposición.
El informe de bomberos es lapidario. Es que con la pantalla instalada en el frente de un edificio existe ?la dificultad de las tareas de rescate y extinción ante un eventual siniestro, en virtud del enrejado que conforma la estructura del cartel de referencia?. Asimismo, los bomberos se adelantaron a lo que luego sería un dudoso acuerdo. ?Si se opta por mantener las obstrucciones podrían contemplarse una serie de alternativas orientadas a minimizarlos, pero desde el punto de vista práctico y de la protección contra incendios, la mayor efectividad se encontrará en la eliminación de ellos.?
Para el denunciante, no importa el análisis de los expertos. Epszteyn, como cabeza del amparo, designó a Alberto Sarciat, que es profesor adjunto de la cátedra de Derecho Administrativo. Lo llamativo es que el titular de esa materia es Agustín Gordillo, abogado de la empresa Coca Cola. Entonces los abogados de las partes, que se deberían enfrentar por defender distintos intereses, terminaron siendo compañeros en el ejercicio académico.
El acuerdo entre las partes para reinstalar la pantalla LED frente al Obelisco expresa en su primera cláusula que ?Coca Cola se compromete a llevar a cabo la totalidad de las obras tanto en el edificio como en la pantalla?. En la cláusula tercera se dispone que ?las partes acuerdan que Coca Cola llevará a cabo un estudio de impacto lumínico a su exclusivo costo, a fin de evaluar el referido impacto en los conductores y transeúntes producido por el emplazamiento de la pantalla en el área especial denominada ?Isla Publicitaria??.
El único rol que asume el Gobierno de la Ciudad es ?presentar un proyecto legislativo, a partir de la hipótesis de la existencia de un vacío legal?. Y en el último punto del acuerdo los inicialmente aguerridos denunciantes, Epszteyn, Ibarra y Hourest, desisten de las medidas cautelares.
Entonces los jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Contencioso Administrativo, hoy a cargo de la causa, dan lugar a la fiscal de Cámara Daniela Ugolini. La funcionaria judicial, de reconocida adhesión al macrismo, dictaminó que ?el pedido de homologación (del acuerdo) configura un proceso atípico? y que su ?finalidad es otorgar firmeza a ciertos actos de las partes?. Un reconocimiento lógico que remata con que ?no existen objeciones a la homologación solicitada?. Entonces el acuerdo logra un nuevo sello institucional de peso.
Firmado el acuerdo entre las partes y aprobado por la funcionaria judicial, ya no quedan más pasos que el referido a que los jueces de la Cámara desistan o no del primer fallo impulsado por el juez Roberto Andrés Gallardo, quien ordenó desactivar la pantalla de Coca Cola. Sin embargo, un abogado de actividad reconocida intercedió para que se impida activar el cartel publicitario.
El hombre de leyes y padre de una víctima de Cromañón José Iglesias denunció a la fiscal Ugolini por subscribir el dudoso acuerdo. Hace una semana, ante el Consejo de la Magistratura, Iglesias acusó a Ugolini de mal desempeño porque ?declina, sin atribuciones para ello, la debida tutela del orden público, incluso del orden público ambiental, consintiendo además una indebida delegación del poder de policía en una empresa comercial (por Coca Cola), además interesada particularmente en el hecho?, afirmó el abogado en el texto de la denuncia por juicio político a la fiscal.
La queja de Iglesias es que la fiscal no hizo caso al informe de la Superintendencia de Bomberos sobre los riesgos de la gran estructura colgada en la fachada de un edificio con decenas de oficinas. Ugolini tiene como tarea ?el orden público, tanto en los aspectos relativos a la seguridad pública, enfatizados claramente por la Superintendencia Federal de Bomberos, como en los atinentes al impacto ambiental de la pantalla (orden público ambiental)?.
De esa forma, el abogado titular de la asociación Que No Se Repita expuso en la denuncia que ?la preocupación de los bomberos por la extinción del siniestro sólo está atendida por la colocación de matafuegos. Previsión pueril frente al carácter del señalamiento de la autoridad federal?.
Por la seguridad vial frente a la pantalla, en una avenida tan transitada como 9 de Julio, ?el acuerdo produce una indebida privatización del control respectivo?, asegura Iglesias, ?delegando en la propia empresa interesada (por Coca Cola) la realización de un estudio de impacto lumínico en los conductores y transeúntes?.
Las pruebas entregadas al Consejo de la Magistratura contra la fiscal de Cámara Daniela Ugolini son el dictamen de la Superintendencia Federal de Bomberos, el escrito de los amparistas solicitando audiencia conciliatoria, el acta de la audiencia del acuerdo conciliatorio y su acuerdo final más el dictamen de la fiscal.
Será justicia, prometen los escritos. El tiempo dirá para quienes.
