El martes último, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, presentó ante la Legislatura un proyecto de "Ley Marco para un Sistema Integral de Seguridad Pública" que, informó, incluye entre otras cosas "la prevención integral, la investigación, el ejercicio prudente de la coerción estatal, el auxilio a la justicia y la recuperación o reinserción del sancionado". Pierini recordó que el artículo 35 de la Constitución de la Ciudad obliga al Poder Ejecutivo a crear "un organismo encargado de elaborar los lineamientos generales" encargado de "llevar a cabo las tareas de control de la actuación policial y el diseño de las acciones preventivas necesarias". Es decir, explicó, "un órgano rector encargado de los lineamientos generales, estratégicos, en materia de seguridad y también del control de la actividad policial". Dicho artículo de la Carta Magna también ordena la creación de un órgano consultivo, un Consejo de Prevención del Delito que ya fue conformado.
"Se trata de dos organismos distintos", destacó Pierini. "Mientras éste es honorario y para consulta del Ejecutivo, el que falta crear es técnico estratégico y de control", puntualizó. El proyecto, con el que Pierini estima estar "ayudando al Gobierno",establece que la seguridad pública comprende al "conjunto de instituciones, programas y acciones de protección de derechos" que se ejercen a través de la investigación y prevención de la ?comisión de delitos, contravenciones, infracciones u otros hechos que vulneren el orden público?, ya sea por anticipación o por reducción de causas, así como su conjura, disuasión y represión. También propone que "el control administrativo de los cuerpos policiales esté a cargo de un organismo independiente, cuyo objetivo sea planificar y conducir las acciones para prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal?, dando así respuesta a las críticas que desató el plan presentado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Justicia y Seguridad, el ex juez federal Guillermo Montenegro. Dicho plan prevé un control a través de un departamento de Asuntos Internos de la propia policía, lo que motivó críticas de expertos que plantearon que ese control debe ser externo (ver recuadro). Pierini estimó que su presentación confirma que en la Ciudad predomina "una lógica política que va a contrapelo de la lógica confrontativa" que impera en el escenario nacional.
Lo que puede verificarse al consultarse a oficialistas y opositores, por ejemplo a Cristian Ritondo (PRO) y a Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires), ambos miembros de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, quienes coincidieron en apreciar que la creación de la nueva policía precisa una Ley-marco que la contenga y le de sentido. Para Ruanova, es necesario "poner en discusión una Ley Marco de Seguridad, ya que la policía es uno de los efectores, no el único". Algo con lo que coinciden habituales voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad, que destacaron que el sistema de seguridad compuesto por Defensa Civil, la Guardia de Auxilio (que interviene en caso de derrumbes, etc.), el SAME y la Policía Federal y su cuerpo de Bomberos necesitan ser gobernados en lo cotidiano por un mismo cerebro que concentre las llamadas telefónicas a los números 103 y 611.
Señalaron dichos voceros que los mencionados efectores usan distintos sistemas de comunicaciones que no son compatibles, así como que la ciudad está repleta de cámaras de TV, sean de los canales de aire o cable (sobre todo de CN5 y TN) o de otros sistemas, los que deberían centralizarse en aquel centro neurológico para un mejor control y una respuesta más veloz a las distintas contingencias. A ello están abocados, señalaron. Y admitieron la necesidad de una Ley-Marco que entre otras cosas reglamente el funcionamiento del Instituto Superior de Formación Policial (ISFP) que habrá de funcionar en las instalaciones del Club Deportivo Español, en el Bajo Flores, hoy en refacciones.
Respecto al plazo para que se incorpore la primera camada de futuros efectivos (todos los cuales egresarán como oficiales, ya que habrá un escalafón único) estiman que puede ser en octubre si en julio se aprueba la Ley que creará la nueva policía (ya sea un capítulo de la Ley Marco o una ley específica), aunque consideran más sensato calcular que eso suceda recién en agosto, y que el reclutamiento se haga en noviembre. Confirma Ritondo que los primeros oficiales e instructores de esa primera camada serán "entre 300 y 500 enganchados provenientes de las fuerzas de seguridad y armadas", a los que piensan atraer con mejores sueldos. Al respecto, la perspectiva de que los mandos puedan ser militares es criticada incluso por legisladores oficialistas, que sin embargo creen que la mayoría provendrá (atraída por sueldos sustancialmente mejores) de la Policía Federal y la Gendarmería.
En cambio, los portavoces del ministerio niegan que el comisario Jorge "El Fino" Palacios (ex jefe de investigaciones antiterroristas de la PFA y luego jefe de seguridad de Boca, a quien el fiscal Alberto Nisman acaba de acusar de encubrir a los asesinos que atentaron contra la AMIA) haya participado en la factura del plan presentado por Macri y Montenegro y que haya estado alguna vez en los planes del ministro como jefe de la nueva fuerza o director del ISFP. En cambio, realistas, confirmaron que la primera camada de "entre ochocientos y mil" egresados recién egresará en noviembre de 2009.
Si se tiene en cuenta que la PFA tiene cerca de 20 mil efectivos entre personal de comisarías y bomberos y que los planes más optimistas estiman que la nueva PM tenga 3.400 efectivos de calle en el 2010 o principios del 2011, puede calcularse cuan gradual será la sustitución de los federales si es que no se produce el traspaso.
Los colaboradores de Montenegro señalan que "lo que se hizo hasta acá había que hacerlo igual, con traspaso o sin él. Ahora lo principal es tener un sistema que reúna la información y los recursos para controlar lo que ocurre en el espacio público", concluyeron.
Sin embargo, y a pesar de las muchas coincidencias, el panorama dista de ser idílico. Ruanova se pregunta "¿Cual será la distribución territorial de los efectivos de la nueva policía? ¿Cuál será su relación con el Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo se repartirán las competencias con la Federal? ¿Cómo será la convivencia entre ambas policías? Por que lo que se ve hasta ahora se avizora que será harto difícil", puntualizó.
A esto responden los allegados a Montenegro que el Ministro tiene muy buena relación con la Federal, y que todo se hará en su medida y armoniosamente, de consuno con la cúpula de PFA. Como muestra de las aprensiones que suscita el tema, Darío Kosovsky, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que preside Alberto Binder, publicó el pasado domingo en Clarín una nota titulada "Las propuestas del Gobierno nacional y del local terminarán diseñando un modelo ineficaz, caótico y con dispendio de recursos". Señala en ella que no hay decisión de contrariar "el interés de la Policía Federal en mantener una presencia fuerte en el control de las calles de la Ciudad", que se abandonó "la discusión sobre el traspaso" y que el proyecto de creación de la nueva policía citadina "reproduce todos los viejos vicios de las instituciones policiales". Y enfatiza: "Si se considera que en la actualidad el rol de investigativo en la Ciudad es cumplido por una Superintendencia de la Policía Federal, que aún se encuentra pendiente la creación de la Policía Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y a ello se agrega la pretensión del jefe de Gobierno de crear una Dirección de Investigaciones como una columna central de la Policía Metropolitana, en los próximos años tres dependencias dedicadas a idéntica tarea? actuarán en el mismo territorio. Si ello ocurre, destaca Kosovsky, no "sólo será caótica la hoy paupérrima labor de investigación y esclarecimiento de delitos a nivel local sino que, además, la Ciudad contribuirá a un dispendio de recursos" absolutamente injustificado. Curiosamente, Kosovsky coincide con tirios y troyanos en que éste es "el momento para encarrilar el debate sobre ejes estratégicos, impulsar una Ley Marco, crear un sistema de gobierno civil de la seguridad e impulsar la modernización del sistema policial en el marco de un sistema respetuoso de los derechos humanos".
La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Silvia La Ruffa, disertó el lunes en el Foro Gandhi sobre "un nuevo modelo de seguridad ciudadana". Señaló que hay una relación directa entre el aumento del delito y el ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres, que su tasa vino disminuyendo desde el 2002 hasta hace poco, cuando se amesetó, y que Buenos Aires es una ciudad menos violenta que las grandes ciudades de los Estados Unidos y que todas las latinoamericanas a excepción de Montevideo y Santiago de Chile, con la que está a un mismo nivel. La Ruffa coincide en que hay que debatir el marco en el que se creará la nueva PM. "Y para este debate necesitamos tener un diagnóstico real. Necesitamos un mapa del delito detallado y establecer prioridades". Señaló luego que al presentar su plan, "Macri dijo que era un ‘plan integral’ para ‘ayudar al gobierno nacional’ pero no abordó temas tan importantes como el modo en que la nueva policía se complementará con las comisarías y bomberos de la PFA, la Prefectura y el sistema de hospitales". "Es la política la que tiene que conducir a la policía y no a la inversa. Es la comunidad la que tiene que definir qué seguridad y que policía quiere tener. Y es por eso que la Legislatura, y en especial la Comisión de Seguridad, abrieron sus puertas para este debate. Lo primero es acordar el marco dentro del cual se creara la nueva policía. Es muy importante porque será la primera vez que se creará una policía democrática de la nada. Y es lo que estamos haciendo".
"El plan de seguridad de Macri es inexistente", dice Ricardo Ragendorfer, veterano cronista y analista de noticias policiales. "La gente lo votó por eso pero a la hora de la verdad se vio que todo su plan descansaba en la esperanza de que se consiguiera el traspaso. Cifraron su campaña electoral en una quimera. Es como el Master Plan del Teatro Colón o el plan de reparación de las escuelas, una pura improvisación, un canto de sirena. Un plan muy parecido a los hechos antes por Ritondo y Eugenio Burzaco, que a su vez los copiaron de la Ley Orgánica de la PFA". Para Ragendorfder no está claro cómo la futura policía (que sólo tendrá competencia sobre 16 delitos y contravenciones) se coordinará con la Federal, la Prefectura, la seguridad privada, los hospitales. ?Es todo una incógnita?, remató.
PSA: Una experiencia para tener en cuenta
Néstor Roberto Legnani es el director de la Escuela de Instrucción Superior de Seguridad Aeroportuaria y forma parte del equipo de Marcelo Saín, quien por orden del presidente Néstor Kirchner intervino y disolvió la Policía Aeronaútica Nacional (PAN) y formó a partir de sus restos la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En ello se sistematizaron y aprovecharon experiencias de cuerpos policiales de Holanda, Francia, Cataluña, Quebec y Brasil.
Legnani estimó que para crear una nueva policía es imprescindible contar con un equipo idóneo y mucho respaldo político, y destacó que en el caso de la PSA fue decisivo romper con "la endogamia institucional" que hace que el oficio policial sea, en la práctica, casi hereditario.
"Los policías tienen que ser civiles armados que comparten valores con los demás civiles y estén capacitados para razonar y actuar sobre situaciones singulares. Ser policía es una enorme responsabilidad porque un policía tiene la potestad de suspender las libertades civiles", señaló.
Legnani hizo hincapié en que en la actualidad hay una enorme cantidad de efectivos policiales que cumplen funciones administrativas. "No hay ninguna necesidad de que esas personas revistan estado policial ni porten armas", agregó. Para Legnani es necesario "distinguir con mucha claridad la policía dedicada a brindar una seguridad preventiva de la que se dedica a una seguridad más compleja", e insistió en que los efectivos deben estar sometidos a un control externo por parte del poder político y la sociedad.
Lo primero que tuvieron que hacer al hacerse cargo de los restos de la disuelta PAN, narró, fue desmilitarizarlos. Para eso hubo de cambiarse incluso los nombres de las dependencias. Así, explicó, si las oficinas de a PAN en los aeropuertos se llamaban "detall", al nacer la PSA pasaron a llamarse "bedelías", y pasó al desván de los trastos viejos un escudo heráldico que mezclaba leyendas en latín con espadas, iglesias, cruces y aviones. Del mismo modo, tras convocarse a jóvenes de 17 a 25 años con el secundario completo a nutrir las filas de la nueva policía, a quienes se presentaron no se los llamó "aspirantes" ni "cadetes", sino "candidatos".
La PAN, recordó Legnani, era considerada por la Fuerza Aérea una especie de coto cerrado y bolsa de trabajo para sus hijos y familiares. En este sentido, enfatizó que "el proceso de selección debe ser absolutamente transparente", algo que consideró tan importante como para dar la orden de que por un mero llamado de un oficial de la ex PAN o de la Fuerza Aérea, cualquier candidatura cayera, quedará sin efecto la incorporación del candidato.
Agregó con perceptible orgullo que el proceso de selección fue tan riguroso que "se presentaron 800 jóvenes, de los que luego de una primera selección quedaron 500", pero que de éstos "sólo incorporamos a cien" que superaron una rigurosa batería de test sobre su inteligencia y equilibrio emocional.
Legnani dijo haber desterrado el "orden cerrado" propio de los cuarteles (los famosos "bailes") que acondicionan mentes y cuerpos para obedecer automáticamente. Y añadió que fueron reemplazados por "bailes de neuronas", ejercicios intelectuales prácticos para fomentan "el criterio propio" y el discernimiento autónomo de los futuros policías.
(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 138, DEL 29/05/08)
