El caso de la Unidad de Control del Espacio Público (cuya sigla es UCEP) ha derivado en enredos de poder que bien grafican los apodos: un ?polaco? karateka, un ?tano? barrabrava y un ?chino? funcionario.
?Tras el violento desalojo de la llamada Huerta Orgazmika (en mayo), el jefe de la UCEP, Juan ‘El Tano’ Savoiardo, y el director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge ‘El Chino’ Polini, tienen una serie de enfrentamientos. Esto deriva de que este último contrató a un karateca llamado Gustavo Busuk o Guzuk, apodado ‘El Polaco’, quien comenzó a funcionar como su guardaespaldas personal y como incipiente jefe de una nueva célula parapolicial que realizaba operativos similares a los de la UCEP, especialmente diurnos?, precisó Juan Grabois, referente de la organización más numerosa de cartoneros, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), los primeros en sufrir las patotas durante la gestión de Aníbal Ibarra, quien formó el entonces Recuperadores del Espacio Público (RECEP).
Grabois, hace años militante del MTE, se presentó a declarar ante el juez Andrés Gallardo, quien en octubre intervino la UCEP obligando al área a tener que notificar antes de realizar un operativo callejero de desalojo.
?Facundo Lastra y Paula Laterra, dos compañeros que colaboran con actividades comunitarias del MTE, me llamaron desesperados por un violentísimo operativo contra un viejito discapacitado muy querido por todos los alumnos. En realidad el operativo fue realizado por una célula enfrentada a la UCEP pero que se presenta como tal y que opera en el seno de la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público (DGOEP), a cargo del Jorge ‘Chino’ Polini. Todos los operativos son liderados por este karateka (Gusuk), el cual está enfrentado a la vieja UCEP y su líder ?El Tano?, señaló Gabois a este medio, proponiendo que el título sea ?Guerra de Mafias en el Gobierno de la Ciudad. Tanos, Chinos y Polacos en una historia parapolicial sin precedentes?.
El referente del MTE recabó datos sobre la UCEP entre personal del Gobierno de la Ciudad y, junto con los estudiantes que presenciaron el desalojo, fue a declarar. A partir de esos testimonios el asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, por violación a la medida cautelar de prohibir la intervención de la UCEP, volvió a solicitar que se allane el Edificio del Plata y las pruebas recavadas sean analizadas por Prefectura Naval.
Del segundo piso se secuestraron el jueves dos computadoras e importante documentación. Además se obtuvieron fotografías de movilizaciones de organizaciones sociales contra la UCEP, lo que podría indicar que la actividad de este grupo no se limitaba a la ?limpieza? del espacio público sino también a tareas de inteligencia.
También se allanó la oficina del ?Chino? Polini, en el quinto piso del Edificio del Plata. Allí se secuestró una notebook del funcionario, junto a una carpeta con referencias de por lo menos cuatro procedimientos de desalojo de indigentes de la vía pública, realizados durante noviembre. Incluyen fotos de ?antes y después? del procedimiento y la fecha en que fueron realizados, posterior a la medida cautelar.
Esos operativos, según las fuentes judiciales consultadas, habrían sido realizados por la nueva estructura que reemplazaría a la UCEP. ?Si se comprueban estos hechos, el funcionario habría incurrido en la violación de una orden judicial, ya que el Gobierno de la Ciudad está impedido de realizar desalojos en la vía pública sin la autorización de un juez?, informó un funcionario judicial.
El juez Gallardo también interrogó a los empleados del sector, quienes relataron que suelen ver en esa oficina a un hombre al que llaman ?El Polaco?, pero aseguraron que desconocen qué función cumple. En una lista de personal del sector figura una persona que se identifica como Gustavo Guzuk, que cumple ?horario rotativo? pero, a diferencia de los otros empleados, tiene en blanco el casillero destinado a la asignación presupuestaria. ?O no cobra, o no se sabe quién le paga el sueldo. Ese es el motivo de otra investigación: quién financia a este grupo?, confió una fuente cercana a la investigación.
En uno de los operativos, Gallardo también secuestró una orden de compra por 25 ?chalecos antipunzantes?, que no serían otra cosa que chalecos antibalas. En el despacho de ?El Polaco? también encontró fotografías de marchas y movilizaciones, donde pueden verse carteles contra la UCEP, pero también de otras organizaciones, con informes de los horarios de inicio y finalización, en lo que aparentan ser rudimentarios informes de inteligencia.
Ante el cúmulo de pruebas no sólo se habría violado una medida judicial, sino que además se diluyó el acuerdo de la defensora del Pueblo Alicia Pierini con el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. Éste había acordado que la UCEP ya no se encargaría de desalojar indigentes.
Desde el MTE, junto a sus compañeros de ruta, la cooperativa de costureros Alameda, además de denunciar le proponen al Gobierno macrista una alternativa a la UCEP.
?No nos quedamos sólo en la denuncia y el desbaratamiento de la UCEP que vendrá seguramente. Acá tenemos que resolver la situación de miles que son desechados en las calles. Por eso proponemos la Unidad de Protección de Personas en Situación de Calle para que, en el marco de la solidaridad y la ley, se resuelva este problema pero haciendo foco en la integridad de las familias y no algo tan frívolo como poner el valor de la estética urbana por sobre la vida de los que menos tienen. Reemplacen ese ejecito de patota con cientos de voluntarios?, agregó el joven Grabois.
LOS CARTONEROS INCLUIDOS
Los cartoneros cooperativistas del MTE han conseguido tras varias movilizaciones, fuertes discusiones con funcionarios ?algunos denunciados penalmente-, legisladores y representantes de Greenpeace, y hasta represiones policiales un programa de inclusión social. Funciona bajo la órbita de la Dirección General de Reciclado (DGREC) y para las cooperativas de cartoneros ese es el camino ha seguir y profundizar. De hecho apuestan a que Pablo Fournieles, quien lleva adelante el programa DGREC, siga avanzando dentro del macrismo en su postura de incluir cada vez más cartoneros en el programa de reciclado.
Este año cerca de 1800 cartoneros han recibido su uniforme, son transportados en micros y sus carros como mercadería en otros camiones, lo que se ha traducido en la baja de mortalidad por accidente. Reciben aportes en efectivo por la correcta limpieza de zona y hasta se ha reducido el trabajo infantil.
Desde hace meses en Villa Fiorito por convenio con la Fundación Che Pibe la Dirección General de Reciclado mantiene los costos económicos de un centro educativo-recreativo al que asisten 150 menores, de domingos a viernes, en horario vespertino.
De todas maneras aún quedan deudas pendientes para profundizar la política de inclusión de los recicladores urbanos. La ley por sistema público de recolección diferenciada de residuos es solo un proyecto que efectivizándose significaría universalizar los derechos laborales más elementales y la protección de los menores de edad de las familias cartoneras.
