Pasadas las 21.15, los legisladores de la Ciudad comenzaron el tratamiento de los tres despachos que formaban parte de las Preferencias con Despacho.
En primera instancia, y tras casi una hora y media de discusión, se aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que contaba con despacho de mayoría de las comisiones de Presupuesto y de Obras y Servicios Públicos, cuyo objetivo es "mantener la ecuación económica financiera de los contratos de obra pública celebrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
El régimen abarca los contratos de obra pública regidos por la Ley 13.064 y sus modificatorias y sería aplicable, a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios es establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en el proyecto, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos.
Según el proyecto, los precios de los contratos correspondientes a la parte faltante de ejecutar podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista, cuando los costos de los factores principales que los componen reflejen una variación promedio ponderada de esos precios, superior en un 7% a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación, según corresponda.
La iniciativa que propone la derogación del decreto y sus modificatorias, tiene entre sus finalidades reestablecer la previsibilidad afectada por la emergencia económica padecida en la Nación y la Ciudad de Buenos Aires desde 2001, y así facilitar la mayor concurrencia de oferentes locales y extranjeros a los llamados para la realización de obras públicas en la Ciudad.
Álvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura fue el miembro informante del proyecto y manifestó que "redeterminar los precios de la obra pública resulta fundamental, máxime si tenemos en cuenta que el Gobierno de la Ciudad se ha propuesto como meta aumentar el nivel de inversión hasta llegar al 20% del presupuesto"
"El objeto de esta ley es otorgarle al Poder Ejecutivo una eficaz herramienta que le permitirá perfeccionar la ejecución de la obra pública de la Ciudad y evitar de esta forma la interrupción de las mismas, evitando así los perjuicios que esto acarrea para los vecinos y la ciudad. Esta sistematización brindará seguridad jurídica a los contratistas y transparencia a los procesos licitatorios, como así también, un marco de previsibilidad para quienes ejecuten las obras", expresó el legislador PRO.
En tanto, el diputado Martín Hourest, en oposición a esta ley, señaló: "Esta iniciativa de Macri está sincerando que, para mostrar obra pública, necesita recurrir a nuevas estimaciones de precios que favorecen a las empresas que contrata la Ciudad. Con índices de precios manipulados por el INDEC, el Ejecutivo porteño tomaría indicadores determinados por otros organismos oficiales o especializados, lo que equivale a un reajuste de precios a medida de las empresas contratistas, en cambio, Macri nada dice sobre redeterminaciones que involucren a los salarios de los trabajadores y a las prestaciones sociales".
EMISION DE CERTIFICADOS DE DEUDAS
Tras el cuarto intermedio, pasadas las 0.30 los legisladores de la Ciudad volvieron al recinto para continuar con el temario del día, y se pasó a un proyecto de ley elevado por el Jefe de Gobierno referido a la emisión de certificados de consolidación tendientes a la cancelación de deudas existentes a la fecha.
La norma propicia un incremento presupuestario de los créditos aprobados para el presente ejercicio. Su finalidad es afrontar compensaciones crediticias y cancelaciones en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 65/GCABA/08. Esta norma dispuso un relevamiento de las deudas legítimas existentes al 31 de diciembre de 2007, originadas a partir de contratos de obras públicas celebrados por el Gobierno de la Ciudad y de los de suministros de bienes y servicios. A tal fin, se creó en la órbita del Ministerio de Hacienda, la "Comisión de Relevamiento de Deudas", integrada por representantes de la Dirección General de Contaduría, de la Dirección General de Redeterminación de Precios, de la Jurisdicción que tuvo a su cargo la ejecución del contrato y de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras.
El proyecto, autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar el monto total del presupuesto vigente por hasta la suma de $ 800 millones.
Otra vez, como miembro informante, el diputado González expresó: "La falta de pago de la deuda asumida conduciría al ahogo financiero y quizás a la quiebra de muchos contratistas del Gobierno de la Ciudad. Es importante remarcar también que esta deuda, que no fue generada ni contraída en absoluto por el actual gobierno será pagada en su totalidad por esta Administración en tiempo y forma".
"Para que no quede duda alguna de que no queremos patear la pelota para adelante, la última cuota de capital de este certificado se pagará en diciembre de 2011, justo al momento de finalizar nuestra gestión. Porque entendemos que esta es la forma transparente y responsable de gobernar que propusimos y que los vecinos votaron", remarcó.
