Mauricio Macri no termina de arrancar. Pareciera que todas las fuerzas del universo se hubieran puesto de acuerdo para que a más de cinco meses de gobierno, el empresario no haya podido materializar ni una sola de las iniciativas que fueron anunciadas en su momento con bombos y platillos, tanto durante la campaña electoral, como a poco de haber asumido.
Por si esto fuera poco, la inflación, que tiene inerme al gobierno nacional, también conspira contra ese objetivo. Es por esa razón que el gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para la redeterminación de los precios de la futura obra pública.
Macri es conciente de que ningún contratista va a poner un solo ladrillo para perder plata: impulsa por ley, entonces, un marco jurídico seguro para tranquilidad de esos hombres, casi todos de la construcción.
También está impulsando la aprobación, por parte de la Legislatura, de un bono de consolidación de la deuda de 800 millones de pesos, como para asegurar el monto que heredó de administraciones pasadas, y que según el censo que realizó el gobierno para determinar con certeza absoluta, dio una cifra distinta: 1.100 millones.
Con todo, Macri decidió aceptar nada más que 800 millones y que los 300 restantes, si los contratistas todavía quieren cobrar, se haga efectivo, con suerte, por la vía de un juicio al Estado.
A este cuadro se agrega el estado la volatilidad de los mercados internacionales, que impide que el gobierno salga a colocar el bono de 1.604 millones pesos que ya aprobó la Legislatura junto con el Presupuesto, en diciembre del año pasado.
En el ministerio de Hacienda están pensando en salir a colocar ese bono en dos tramos como mínimo: uno de ellos, según pudo establecer Noticias Urbanas, va a ser de 200 millones de dólares.
Pero para que la táctica tenga resultados, el Ejecutivo tiene que lograr que los legisladores aprueben las condiciones propuestas por el consorcio que colocará el bono, conformado por el Citabank, el Banco Macro y el Barclays.
También intentará que la Legislatura deje abierta la posibilidad de tomar un crédito puente. Eso facultaría al ministro del área, Néstor Grindetti, definir la mejor oportunidad para colocar el bono.
Y en este orden solicitan que en el caso de que el mercado internacional de capitales no acepte el monto y el plazo propuesto, poder pedir sólo una fracción, que como se dijo antes, rondaría los 200 millones de dólares.
Así las cosas, la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Alvaro González, se apresta, a partir de la semana próxima, a considerar el bono de consolidación junto al proyecto de ley para la redeterminación de precios (para obra pública).
González explicó a Noticias Urbanas que "el bono de pago a proveedores de 800 millones surgió de un censo en el que se hizo un reconocimiento de deuda que tiene la Ciudad: lo que hizo Macri fue darle certeza a esa deuda".
El legislador recordó que "es una deuda heredada, que proponemos pagar con un bono de cancelación amortizable en el mes 42 con una tasa del 9 por ciento anual. Es la propuesta que hace el gobierno para dar previsibilidad a los acreedores".
En cuanto a la redeterminación de los precios, González dijo que hasta ahora se "hacía mediante un decreto, pero nosotros lo queremos hacer por ley porque así damos seguridad a los inversores respecto de los desequilibrios que se producen en los contratos a lo largo del tiempo, producto de la inflación".
"Pero esa redeterminación de precios será una ley aplicable hacia el futuro", subrayó, para la obra nueva que supuestamente se deberá empezar con los 1.600 millones que se obtendrían del bono que el gobierno porteño intentará colocar en el mercado internacional.
Suecede que los contratos de obra pública, hasta ahora, se ordenaban por un decreto que decía que para ajustar los precios tenían que pasar seis meses, además de una inflación superior al 10 por ciento.
"Está demás decir que ningún contratista va a ejecutar obra si tiene que esperar seis meses para ajustar sus precios en el marco de la inflación que existe hoy en el país", señaló González.
Sin embargo, desde la oposición, Cristián Asinelli advirtió que los votos todavía no están. Y agregó que se van a estudiar "las condiciones en las cuales están mandando esta ley para pagar 800 millones de pesos, porque lo único que tenemos hasta ahora es un pedido, pero no los detalles sobre cómo está compuesta la deuda".
"Es decir a qué corresponde: si es a redeterminación de precios que estaban planteados en el Presupuesto, si es otra obra pública, si es obra que se ha realizado. El gobierno sacó un decreto para recabar información sobre estas cuestiones. Cuando nosotros tengamos esa información, tomaremos una decisión política".
Asinelli también recordó que "la redeterminación de precios por inflación, es un mecanismo que existe en todas las provincias y que hay un decreto de Aníbal Ibarra, del año 2000, cuando entonces la inflación no era un problema para los argentinos", dijo.
"Es una situación normal en cualquier lugar del mundo", finalizó el diputado, dando por sentado que su bloque no va a tener objeciones a la hora de la redeterminación de los precios.
