Manifestaciones fuertes como eco de las tragedias viales de los últimos días y proyectos pedidos por el Poder Ejecutivo de la Ciudad eran los temas destacados de la sesión ordinaria de este jueves 15 de septiembre, sin embargo, a la luz de las heridas todavía abiertas, las palabras quedaron como discursos archivados y se pasó a trabajar en el temario estipulado.
Tres son las leyes que el bloque oficialista en la Legislatura buscará aprobar de las que Mauricio Macri pidió se aprueben "antes del recambio legislativo". Escrituración de viviendas, la prórroga para incorporar agentes de otras fuerzas a la Policía Metropolitana, y la ampliación presupuestaria, son las destacadas del día.
El primero de los proyectos, de autoría de Enzo Pagani y Cristian Ritondo (PRO), es el que regulará la escrituración de 14.692 viviendas que están pendientes de escrituración, construidas con financiamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC). Tras una intensa discusión fue aprobado por 54 legisladores de los 55. La presidenta de la Comisión de Vivienda, Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, fue la única que se abstuvo.
"Se trata de saldar una deuda histórica del Estado de la Ciudad con una situación irregular de los auténticos adjudicatarios de complejos habitacionales ubicados, en su mayoría, en la zona sur", expresó Pagani al fundamentar la propuesta.
Previo al otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles comprendidos, el IVC deberá regularizar el aspecto técnico administrativo de los mismos y proceder a su posterior adjudicación. Además, se controlará desde la Legislatura la finalización de todas las obras de remodelación en los complejos donde se ubican esas propiedades, para una correcta habitabilidad de los vecinos.
Acerca de los requisitos, el proyecto establece que los habitantes que podrán acceder a la escritura deberán presentar la autorización precaria para ocupar otorgada por el IVC; los que no tengan la autorización, pero prueben que ocupan la vivienda hace 2 años como mínimo; deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con DNI. Además deben comprobar que no tienen los ingresos suficientes para construir una vivienda propia sin apoyo crediticio.
La objeción al despacho de mayoría llegó de parte de la legisladora Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), quien había presentado un despacho de minoría y pidió durante el debate del proyecto modificar el artículo que obliga a los vecinos a que en 365 días presenten la documentación para escriturar, "sino se les rescindirá el contrato". "Les estamos exigiendo a un vecino que escriture aún si considera que su casa no está en condiciones. Debemos contemplar a aquellos que no quieren escriturar hasta que su vivienda no esté en condiciones. Este reparo no es un prejuicio, es también un argumento basado en la falta de inversión en diferentes complejos", amplió.
Y expresó: "Obviamente existe un derecho de los ciudadanos, como la escrituración de las viviendas, pero no apoyamos que sea a cualquier forma, deben ser en las condiciones habitacionales que corresponden".
El despacho de minoría, además, proponía un texto distinto al considerar, entre otros puntos, que el alcance del proyecto de mayoría "se extiende a todas las viviendas construidas por el IVC y por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y a todos los terrenos que se encuentran en el dominio del IVC".
UN VOTO QUE SONÓ A DESPEDIDA
La diputada María América González sintió la necesidad de expresar los motivos de su voto a favor, en contra de todo su bloque. "Estoy convencida de la necesidad de escriturar las viviendas de estas personas que viven en total estado precario. Me siento orgullosa de estar votando este proyecto". Y después de este voto, dejó su continuidad en el bloque y en la Comisión "en lo que mi bloque (Proyecto Sur) decida para mí".
