Después de 12 años de cabildeos, marchas y contramarchas en los que sendos proyectos perdieron estado parlamentario, todo indica que este año será aprobado el Plan Urbano Ambiental (PUA). Se trata de la ley marco a la que deberá ceñirse el futuro Código Urbanístico que -si todo sale como está previsto-, será aprobado el año que viene y reemplazará al Código de Planeamiento Urbano en vigencia. A pesar de haber experimentado algunas modificaciones en el año 2000, éste es básicamente el mismo promulgado en 1977, en pleno auge de la dictadura cívico-militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla, época en que los designios del poder no tenían contrapesos, como bien pueden atestiguar algunos viejos vecinos de Parque Chacabuco que osaron oponerse al trazado de la autopista a Ezeiza y han sobrevivido para contarlo. Que la Ciudad debe contar con un PUA como todas las grandes capitales del mundo es un imperativo constitucional. El artículo 29 de la Carta Magna sancionada en 1996 ordena a los legisladores recadactar uno que sirva de "ley marco a la que deberá ajustarse toda la normativa urbanística y las obras públicas que se realicen en la ciudad".
Sin embargo ésta sigue siendo una de dos grandes asignaturas pendientes que las sucesivas legislaturas mantienen con el texto constitucional. La otra es la también muy demorada descentralización en comunas.
La Ley 71 que creó el Consejo encargado de elaborar el plan no fue debidamente reglamentada. El consejo debía garantizar la participación de las entidades académicas, profesionales y comunitarias, sobre lo que hubo distintas interpretaciones. Esto posibilitó que dos veces, en el 2000 y en el 2003, los proyectos elevados a la Legislatura por el gobierno de Aníbal Ibarra fueran objeto de presentaciones judiciales y perdieran estado parlamentario.
Ante esta situación, dicho gobierno creó en 2005 un Foro Participativo Permanente que contuvo en su interior a la conflictiva Comisión Asesora permanente honoraria que había establecido la Ley. El Foro convocó a todas las instituciones y personas que habían participado de las instancias anteriores y se habían alejado disconformes e invitó a otras que no habían participado antes pero cuya opinión era pertinente.
El Foro fijó normas, algunas tan elementales como que todos los talleres y las reuniones de la comisión asesora terminaran con un acta que reflejara lo tratado y quienes habían participado. Como en cualquier consorcio. A través de este mecanismo, la reformulación se hizo en base a cuatro premisas: actualizar los contenidos, evitar definiciones en aspectos que no fuesen imprescindibles, que la extensión del texto fuera breve y su lenguaje lo más llano posible.
Así, luego de 74 talleres en los que participaron 136 organizaciones, Jorge Telerman elevó el nuevo proyecto a la Legislatura. Como ley fundamental, el PUA necesita una doble aprobación por la Legislatura. La primera se produjo en diciembre último, después se realizó la preceptiva audiencia pública (en dos sesiones, el 26 de marzo y el 3 de abril), y ahora otra vez el texto esta en la Comisión de Planeamiento Urbano. Los legisladores que integran esta comisión, ante lo ajetreado de aquellos cónclaves y las posiciones radicalizadas de algunas organizaciones vecinalistas que niegan incluso que lo debatido constituya un auténtico plan (como expresó, por ejemplo, Vinchy Barreto, de la Asociación Vecinal Interbarrios en Defensa del Sur) abrieron el paraguas y llamaron a una nueva ronda de consultas en procura de que nadie quede afuera. De manera de garantizar que esta vez el PUA se haga realidad. De lo contrario, en febrero perderá otra vez estado parlamentario.
"Será el marco al que deberá ajustarse toda la normativa y obras públicas. Desde esta comisión estamos trabajando en la construcción del consenso imprescindible para que la Ciudad se dote de este instrumento imprescindible, tal como establece la Constitución", dijo su presidenta, la diputada K Silvina Pedreira, antes de dejar a NU con la arquitecta Bárbara Rossen, su asesora y directora de la comisión.
"El sentido común indica que el crecimiento de la ciudades debe planificarse y que ese plan debe constituir una política de Estado. Tener un plan es tener un proyecto de ciudad: prever, tener metas, rumbos, reglas claras y conocidas por todos, no improvisar. Se trata de dejar de pensar la Ciudad desde la parcela para pensarla desde la manzana y el barrio, con criterios más morfológicos y en función de la continuidad del espacio urbano", enunció Rossen.
"El PUA será un instrumento técnico-político de gobierno que permitirá implementar estrategias de ordenamiento territorial. Volverá previsibles las decisiones que se adoptan tanto en ámbitos públicos como privados al quitarles discrecionalidad y encauzar las dinámicas del mercado. Tiene que basarse en valores que le den coherencia ideológica para que las decisiones políticas que se tomen respetando sus indicaciones sean también coherentes", agregó.
La arquitecta K señaló que el PUA en ciernes se está acordando en torno de un esqueleto formado por cinco principios rectores: que Buenos Aires "debe ser, desde lo geográfico, una ciudad integrada; desde lo urbanístico, policéntrica; desde lo social, plural; desde lo ambiental, saludable, y que tiene que seguir siendo diversa en sus actividades y formas residenciales".
"Dicho de otro modo ?continuó? debe tener objetivos sustentables que tiendan al bienestar de su población. Una ciudad con derechos urbanos. Derecho, por ejemplo, a la movilidad, que supone intercambio y oportunidades de formación y de empleo, posibilidad de acceder a las ofertas urbanas y de apropiarse de la Ciudad. En fin: necesitamos un PUA que invite a pensar a Buenos Aires como un proceso continuo y abierto".
En su reunión del pasado martes 8, la Comisión aprobó un detallado calendario para la aprobación del despacho definitivo. En síntesis, este cronograma prevé, en lo inmediato, redefinir los instrumentos de gestión (de manera que a la hora de las ejecuciones, no haya duda acerca de cómo deben hacerse las cosas) y para el 12 de agosto despachar el proyecto de ley para su aprobación definitiva en septiembre. Se trabaja sobre un documento a cuatro columnas, en la que en la primera se transcribe el proyecto aprobado en primera lectura, en la segunda las proposiciones hechas en la audiencia pública y las que se formulan después -es decir, ahora-, en la tercera las que hagan los legisladores y sus asesores, y en la cuarta los párrafos definitivos acordados en la comisión.
Esta vez, dice Rossen, el PUA debe convertirse en realidad. "Es la única manera de acotar el margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo?, filosofa. ?O hay una política de Estado, pactada, consensuada, o depende de la buena voluntad de los funcionarios. En estos 12 años, las distintas administraciones actuaron a veces coherentemente con los lineamientos del plan, y otras veces de manera absolutamente opuesta".
Este es el principal punto de discrepancia del bloque de Diálogo por Buenos Aires, presidido por Eduardo Epszteyn, quien fue secretario de Producción, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno de Aníbal Ibarra. Rossen sugiere que Epszteyn se comporta como "un niño terrible", resentido por las modificaciones introducidas por los equipos de Telerman al texto original, y que como ha ocupado el lugar de la oposición pura y dura y se resiste a abandonar ese rol, no le deja pasar una al oficialismo. Lo cierto es que Epszteyn dice y repite que el PUA resultante de los aligeramientos que se le han hecho "es tan pero tan light que se ha convertido en un catálogo de buenas intenciones. ¡Si tiene menos contenido en materia ambiental que la Constitución de la Ciudad! No sólo es improvisado sino que se contradice con las reales intenciones del macrismo". Y en su despacho critican a sus virtuales aliados K por ser "de sí fácil" con el oficialismo.
Sin embargo, a la hora de ir a los bifes, no parece que el ibarrismo tenga una actitud obstructiva, sino, simplemente, la convicción de que hay que marcar más y mejor la cancha para erradicar la posibilidad de que algunos proyectos sustentados por el oficialismo, como el traslado de la sede de gobierno al lugar que hoy ocupan en el corazón de Barracas los neuropsiquiátricos Borda y Moyano o una eventual rezonificación del predio de la Sociedad Rural, terminen siendo sólo multimillonarios negocios privados.
El hombre de Epszteyn en la comisión es el arquitecto Guillermo Gutiérrez Ruzo, quien explicó a NU que el ibarrismo votó en contra del texto en su primera lectura por considerar que "no es un verdadero plan, sino apenas un diagnóstico que no fija una línea de acción para mejorar la calidad de los vecinos". "Después de 12 años de debates no queremos que sea sólo una ley marco, queremos que avance decididamente en la tarea de fijar un modelo territorial y en cuáles son los programas de acción prioritaria", señala.
Gutiérrez Ruzo dice que hay diferencias perceptibles entre los planes presentados por Ibarra y Telerman, tanto en el modelo territorial a seguir, como en los lineamientos de acción y en los programas y proyectos. "El nuestro era muy enfático y claro en ejes como el corredor verde, la prioridad a la construcción de nuevas líneas de subte, el desarrollo del sur. Todo eso se ha diluido intencionadamente, de modo que este plan es más laxo, perdió definición".
El Gobierno nacional, destacó Gutiérrez Ruzo, propone un plan estratégico territorial del Bicentenario, y "nosotros queremos que la Ciudad se inscriba en este plan nacional, lo que implica un modelo territorial, establecer prioridades, especificar como deben hacerse las cosas. En síntesis: queremos avanzar un poco más en el modelo de Ciudad. Queremos que éste incluya un plan de tránsito detallado y transparente que desaliente el uso de automóviles en el centro y desarrolle los transportes urbanos, particularmente los subtes; que contenga medidas concretas de intervención del Estado para achicar la brecha entre el norte y el sur".
"Si vuelven a hacerse precisiones en estos aspectos, cambiaremos nuestra posición", agregó. "Pero nos parece que hay que reaccionar ante hechos probados como que la población de la Ciudad disminuyó en 250 mil habitantes en la última década, lo que es muy elocuente acerca de la pérdida de calidad de vida. Algo que no debe extrañar si se tiene en cuenta que al mismo espacio en el que duermen 2.700.000 personas, cada día laboral ingresan 1.700.000 automotores. Basta recordar que, además del ruido y de la polución, quien se desplaza en auto ocupa en promedio 90 veces más espacio que el que usa subte, y 30 veces más que quien viaja en colectivo".
De todos modos, Gutiérrez Ruzo estimó que es "muy importante" reemplazar el código en vigencia, pergeñado durante el gobierno del aviador Cacciatore hace más de tres décadas, código que, dijo, es "generalista y abstracto, y que define un uso para cada zona como si la Ciudad fuera homogénea". "Necesitamos un código atento a la personalidad de cada comuna, de cada barrio, tal como ocurre en Paris, en las grandes ciudades de España y también en Montevideo", remató.
En este contexto, y al contrario de lo que sucede en el ámbito nacional, tan tironeado por tendencias centrífugas y cainitas, todo parece que habrá de desembocar en una acción centrípeta y tras una puesta en foco, en una feliz parición. Ojalá.
LOS CIEN BARRIOS, PATRIMONIO UNIVERSAL
"El PUA define cinco consignas básicas de la Constitución de la Ciudad: integración, policentrismo, pluralidad, salud urbana y diversidad", dijo a NU el ministro de Desarollo Urbano, Daniel Chaín. "Incluye a cada uno de sus ciudadanos, con sus necesidades, prevé los futuros y cercanos cambios que una ciudad metabólica y activa exigirá. Muchos vecinos ven en este plan las líneas maestras que desean para su ciudad: que sea plural, integrada, multicéntrica, y activa con los municipios vecinos; una ciudad ambiental, que otorgue derechos a todos sus habitantes".
Chaín destaca la necesidad de un plan versátil. "Necesitamos que las acciones canalizadas a través del PUA tengan el privilegio de poder cambiar con el paso del tiempo, de modo que satisfagan cada necesidad, por única que sea, porque el destino de las metrópolis es llevar adentro suyo la diversidad y la individualidad. No existe un PUA perfecto, pero sí uno perfectible. El desafío es no retacear el debate, no temer al disenso, debatir sistemáticamente, con método, de modo de lograr nuevos consensos que nos permitan continuar la tarea. El desafío es hoy tener el mejor plan podamos consensuar como sociedad", explica.
"Cuando hablamos de integración, nos referimos a la vinculación física entre barrios que mantengan sus características ambientales, mejorándolas, potenciándolas. A crear una nueva mitología de los barrios del sur y los mecanismos de acción para su transformación positiva, que deben tener muy presente que el Río de la Plata y el Riachuelo deben ser el frente y no el fondo de la Ciudad, que no deben olvidar que Buenos Aires es parte fundamental en el desarrollo de una vasta área metropolitana?. Chaín enfatiza que ?una ciudad policéntrica es, más allá de la cercanía de cada ciudadano a un centro administrativo, una ciudad con cualidades únicas y diferenciadas, pensada para solucionar problemas y vincular a sus habitantes. Una ciudad sana, con condiciones ambientales y de habitabilidad dignas para todos, con parámetros de uso en todos los ámbitos, como en la infraestructura de transporte, de saneamiento, de prevención de inundaciones y solución a la gestión de residuos", dice, como en una ensoñación. "Cada porteño merece mejoras en el transporte público, de calidad de vida en su barrio, en su casa, y en espacios públicos que sean ámbitos de encuentro social", baja a tierra.
Y remata: "Diversidad, que es la esencia de nuestra Ciudad, compuesta por barrios con identidad, cuya diversidad social y cultural merece mantenerse y potenciarse, pues tal vez sea ése el mejor aporte que Buenos Aires puede darle al resto del mundo".
