La abogada Mónica Lubertino presentó un pedido de juicio político contra el titular del Juzgado Nº 7 del Fuero Civil y Comercial Federal, Luis María Márquez, por haber autorizado la instalación de 600 máquinas tragamonedas en el Hipódromo Argentino.
Márquez hizo lugar el 16 de octubre de 2002 a un pedido de amparo presentado por la empresa Hipódromo Argentino S.A., que en principio sólo instaló 80 máquinas de resolución inmediata -como se conoce a las tragamonedas-, pero que luego fue sumando más artefactos hasta llegar a las 600 que habitan hoy el primer circo hípico del país.
UNA HISTORIA OFICIAL
La Legislatura porteña prohibió expresamente en el año 2000-por medio de la Ley Nº 538- la instalación de las maquinitas de la discordia en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el ex presidente Fernando de la Rúa intentó, en el fatídico -para él- año 2001 atropellar la soberanía porteña dictando el Decreto 494, por medio del cual intentaba autorizar las "tragaperras".
Finalmente, el diputado porteño Atilio Alimena, la "ombudsman" Alicia Oliveira y la diputada nacional Alicia Castro presentaron sendas demandas ante la Justicia para evitar que el Decreto 494 entrara en vigencia. El 30 de octubre de 2001, la jueza Clara Do Pico derogó la vigencia del Decreto de de la Rúa, en una medida que fue apelada por el Gobierno nacional.
En los primeros días de enero del 2002, la Sala Vª de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó el fallo de la jueza Do Pico y entonces la prohibición quedó en firme, ante el desestimiento del Gobierno de de la Rúa de continuar con la acción legal. El fallo fue conocido recién el 14 de enero porque se produjo en los primeros días del mes de feria.
Un nuevo fallo judicial, dictado por la jueza Contencioso Administrativa porteña Alejandra Petrella el 12 de septiembre de 2002, prohibió expresamente la instalación de las cuestionadas -aunque no por ello menos deseadas- máquinas en el Hipódromo de Palermo. La presentación ante la Justicia había sido realizada el 22 de agosto anterior por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, ante versiones periodísticas que daban cuenta de la intención de la empresa de instalarlas.
Las máquinas fueron finalmente ubicadas en el Salón Torterollo del circo hípico, gracias al amparo que le concedió al concesionario la mano amiga del juez Márquez. Este juez ya había concedido anteriormente el amparo por el cual funcionaba -y aún funciona- el Casino Flotante en el Puerto de Buenos Aires.
LUBERTINO CONTRA MÁRQUEZ
Mónica Lubertino ha encarado diversas iniciativas para solicitar la incompetencia de los magistrados en la emisión de medidas cautelares que vulneran la Constitución y las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La querellante relató que comprobó el accionar irregular de Márquez al remitir once escritos a los magistrados de primera instancia del fuero Civil y Comercial, en los que se les hacía saber la denuncias que pesaba sobre el juez y el único que se negó a recibir el escrito fue uno de ellos, "por así haberlo dispuesto personalmente el señor juez, doctor Luis María Márquez".
La doctora Lubertino afirmó finalmente que "en la Provincia de Buenos Aires, la instalación de tragamonedas en el ámbito hípico trajo similares denuncias ante la Cámara Federal que culminaron con el pedido de enjuiciamiento del juez federal Julio César Miralles y del doctor José Luis Casals, luego de escandalosas medidas cautelares dispuestas por ambos, que pusieron en vilo a la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires".
