El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires acordó un aumento del 30 por ciento para todos los empleados judiciales porteños, excluidos los jueces, que regirá a partir del 1º de marzo. La decisión fue tomada sin el consentimiento del Gobierno de la Ciudad, pese a que los jueces del Tribunal Superior mantuvieron reuniones con el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y con la secretaria de Hacienda, Marta Albamonte. El aumento del 30 por ciento implicará un aumento de la partida presupuestaria para sueldos de 1.520.000 pesos.
La decisión salió con tres votos afirmativos- los de José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano- y dos negativos, Julio Meier y Alicia Ruiz, pese a que todos coincidieron en la necesidad de un incremento salarial. Mientras que Ruiz propuso que el aumento sea del 25 por ciento, Meier se opuso a que la decisión se tome "sin financiación presupuestaria anual real".
Fuentes del Gobierno porteño aseguraron que "el Ejecutivo ha tomado conocimiento fehaciente de la resolución del Tribunal Superior de Justicia recién en el día de hoy (por este jueves), por lo que en estos momentos se está analizando su contenido".
Los miembros del Tribunal Superior de Justicia tuvieron dos reuniones con las autoridades porteñas para plantear la necesidad del aumento salarial. La primera fue 17 de febrero con Albamonte, quien luego, el 29 de marzo, a través de un correo electrónico, planteó un incremento del 20 por ciento. Menos de una semana después, tuvieron otro encuentro, esta vez con Ibarra, Albamonte, el jefe de Gabinete Raúl Fernández, y el subsecretario de Justicia y Trabajo Javier Fernández Moores, en el que se amplió el concepto vertido por la secretaria de Hacienda.
Allí se dijo que la política laboral y salarial del Poder Ejecutivo se enmarca dentro de la reformulación de la carrera administrativa que está considerada además en la Ley de Presupuesto. "Sin perjuicio de que -habrían aclarado los funcionarios, según dijo Meier- no se trata de una recomposición lineal, la puesta en marcha de la carrera (significará que) los agentes tendrán un beneficio que promedia el 20 por ciento, con casos, como sucede cuando se habla de promedios, por encima y por debajo del mismo". No obstante, siempre estuvo claro que la política salarial del Tribunal Superior la fijan sus miembros y no el jefe de Gobierno.
