La Cámara de Diputados de la Nación avanzó en la reforma del Régimen Penal Juvenil con un dictamen de mayoría que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La iniciativa obtuvo el respaldo de los bloques vacilantes, a veces dialoguistas, a veces oficialistas u opositores, entre ellos los del Pro, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores de Encuentro Federal. En tanto, el rechazo fue expresado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y diversas organizaciones de derechos humanos.
El despacho de la comisión fue el resultado de la fusión de varios proyectos presentados por legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellos el Poder Ejecutivo Nacional; Ramiro Gutiérrez del Frente Renovador; los macristas Cristian Ritondo y Diego Santilli; el libertario Gerardo Huesen; Juan Manuel López de la Coalición Cívica; Carla Carrizo de Democracia para Siempre y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo (San Juan). El documento final alcanzó un total de 77 firmas.
El proyecto fue tratado por un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la reunión, que se llevó a cabo tras semanas de postergaciones, fue encabezada por la presidenta de la comisión cabecera, Laura Rodríguez Machado, quien propuso como vicepresidente al tucumano Mariano Campero. Durante el encuentro también se aprobó la declaración de interés del III Congreso Federal de Justicia Penal celebrado en Mar del Plata, por iniciativa de la catamarqueña Fernanda Ávila.
Cambios en el sistema penal juvenil
La diputada Roxana Reyes, al frente de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, resaltó los consensos alcanzados en torno al dictamen. Entre las modificaciones más relevantes, se suprime la categoría de “inimputables” y se reduce la pena máxima de 20 a 15 años. Reyes sostuvo que el objetivo del nuevo régimen es tener “una misión que es resocializadora, educativa y de contención”.
Las penas privativas de libertad contempladas en el proyecto podrán cumplirse en domicilios, institutos abiertos, centros especializados de detención o secciones específicas de establecimientos penitenciarios. No obstante, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron el dictamen en disidencia, exigiendo que ningún juez dicte prisión efectiva hasta que los institutos estén debidamente acondicionados para albergar adolescentes de entre 14 y 18 años.
El proyecto establece un sistema de penas progresivo. Las sentencias de hasta 3 años no incluirán prisión efectiva; las de entre 3 y 10 años permitirán una combinación entre prisión efectiva y domiciliaria, a criterio del juez y sólo las penas superiores a los 10 años podrán implicar prisión efectiva. Asimismo, se prohíbe expresamente la aplicación de prisión perpetua a menores de edad.
Disidencias y cuestionamientos en el debate
Durante el tratamiento en comisión, la diputada Marcela Campagnoli (CC) enfatizó que con el nuevo sistema “se busca que ese menor pueda ser oído, se lo contenga, que hoy no tiene respuesta de un Estado ausente”. Además, remarcó que el dictamen introduce importantes cambios respecto al proyecto original del Ejecutivo, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Campagnoli señaló que el sistema propuesto incluye “garantías procesales como la defensa del juicio, el debido proceso y garantías juveniles” y una “mirada socioeducativa y no punitiva”. A su vez, consideró que “hoy un menor de 14 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada cuando vuelve a su casa”. En su intervención, reclamó que “ningún juez aplique ninguna medida privativa de la libertad hasta no tener los institutos adecuados en condiciones de tener menores de edad”.
Por su parte, Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) planteó diferencias con el texto enviado por el Gobierno: “Este dictamen no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo”. También denunció la falta de fundamento empírico en los datos presentados durante las reuniones informativas y acusó al bloque de La Libertad Avanza de promover “discursos cargados de odio que buscan negar de calidad humana y llenar de estigmas”.
Las voces opositoras y el contexto del proyecto
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo calificó el proyecto como una “bomba de humo, que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. Afirmó además que “se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que “este tema no está maduro para dictaminar” y lamentó la falta de instancias para procesar adecuadamente la información debatida. A su vez, la diputada Mónica Macha advirtió que se trata de una “medida inconstitucional, que pone en peligro las adolescencias en los barrios populares” y lo describió como “un proyecto nefasto, que atrasa”.
También se expresaron en contra Victoria Tolosa Paz, Matías Molle, Natalia Zaracho, Brenda Vargas Matyi y Varinia Lis Marín, todas del bloque peronista, quienes coincidieron en que la iniciativa criminaliza la juventud y no aborda las causas estructurales que llevan a los adolescentes a delinquir.
Características del nuevo régimen penal
La modificación legislativa establece que las disposiciones se aplicarán a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando estén imputados por delitos contemplados en el Código Penal u otras normas penales vigentes o futuras. Las personas alcanzadas por esta norma tendrán derecho a todas las garantías judiciales propias de su edad, incluyendo el debido proceso, el derecho a defensa, la presunción de inocencia, y una interpretación favorable al menor.
Tal como destacó Campagnoli, el régimen deberá orientarse a la educación y resocialización, con base en la dignidad humana y la prohibición de cualquier tipo de discriminación. Además, se establecen plazos razonables para el juzgamiento y la necesidad de contar con procedimientos judiciales breves y eficaces.
Respecto de la detención, se dispone que los adolescentes deberán ser alojados en institutos adecuados o en secciones separadas de los adultos dentro de los establecimientos penitenciarios. El personal encargado deberá contar con formación especializada para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Las repercusiones y los próximos pasos
El dictamen fue impulsado por el oficialismo luego de un pedido expreso del presidente Javier Milei, en un contexto de creciente preocupación pública por la inseguridad, que se intensificó tras el asesinato de una niña de siete años en la provincia de Buenos Aires durante un intento de robo.
En este marco, el diputado de LLA Nicolás Mayoraz argumentó que “hay una mirada garantista que ha caído en desuso, afortunadamente. Gran parte de los males de la Argentina, en materia penal, tiene que ver con esa mirada garantista. Los delincuentes están afuera y la gente de bien encerrada en su casa”. Agregó que el proyecto “viene a dar respuesta en parte a eso” y sostuvo que “desde los 13 años una persona tendría responsabilidad penal”.
El debate por el Régimen Penal Juvenil será trasladado al recinto en las próximas semanas, aunque aún no se definió la fecha. En tanto, se anticipa un escenario de fuerte confrontación parlamentaria y social, donde continuarán las discusiones sobre la viabilidad, la constitucionalidad y la efectividad de una reforma que busca modificar el abordaje penal de la adolescencia en la Argentina.
