El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó de lleno en la agenda parlamentaria. La oposición logró unificar proyectos en la Cámara de Diputados para pedir la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de la investigación judicial que sacude al Gobierno.
Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y la de Discapacidad aprobaron el giro de los pedidos de interpelación, además de informes destinados al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El trámite ahora se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), donde el oficialismo tiene mayoría y busca dilatar el avance.
Durante el debate, legisladores opositores advirtieron que “Karina Milei no va a venir” y que “habrá que poner todo el peso” político para lograr que se presente en el Congreso. Desde Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal y otros bloques señalaron la necesidad de remover a las autoridades de las comisiones clave si continúan las trabas.
Bloques opositores se alinean y presionan
La estrategia incluye unificarse para asegurar quórum. Se firmó un anteproyecto respaldado por bloques como Unión por la Patria (UP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, parte de la UCR e Innovación Federal de gobernadores aliados de Misiones, Salta y Río Negro..
Cecilia Moreau (UP) advirtió que, si no se permite el debate, evaluarán remover a los titulares de las comisiones clave —Asuntos Constitucionales y Presupuesto— por entorpecer el funcionamiento parlamentario.
Por su parte, Esteban Paulón (Encuentro Federal), por su parte, denunció el bloqueo sistemático de las comisiones: “Las comisiones estratégicas no funcionan, siempre tenemos que emplazar. Queremos garantizar una reunión de comisión al menos cada 15 días para destrabar el funcionamiento parlamentario”. Y adelantó que llevará el caso a la Comisión de Libertad de Expresión por considerar que hubo un “ataque a la libertad de expresión”. Además, planteó que no queda otra que crear comisiones investigadoras: “Por el escándalo de Andis y por el PAMI serán comisiones investigadoras”.
En tanto, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), pidió profundizar todas las herramientas parlamentarias: “Hay que hacer todo, para eso somos diputados nacionales. Pedir informes, pedir interpelaciones, conformar comisiones investigadoras. ¿Pero va a alcanzar?”.
Estuve con @Gatosylvestre, en el piso de C5N.
Resumen de la jornada de trabajo en la Cámara de Diputados. ⬇️ pic.twitter.com/C07WT6H9AX
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) September 3, 2025
El trasfondo judicial
La causa judicial se originó tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, en los que denuncia un esquema de sobornos en las compras de medicamentos. Según su testimonio, la maniobra habría implicado retornos mensuales de entre 500.000 y 800.000 dólares, con un porcentaje destinado directamente a la secretaria general de la Presidencia.
La Justicia ordenó allanamientos en la sede de ANDIS y en laboratorios vinculados a la provisión de insumos. En uno de los operativos, un empresario fue sorprendido con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. Las pruebas se sumaron al expediente, que continúa bajo secreto de sumario.
El Gobierno niega de plano las acusaciones y atribuye el escándalo a una “operación política”. Voceros oficiales remarcan que la difusión de los audios responde a “intereses desestabilizadores” y que las medidas judiciales sobre su publicación refuerzan esa tesis.
La defensa del Gobierno
Paralelamente, el gobierno obtuvo una medida judicial que prohíbe la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada que involucran a Karina Milei, invocando razones de intimidad y seguridad institucional. El fallo, sin embargo, fue criticado por su posible carácter inconstitucional.
