Los diputados nacionales Carla Carrizo y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre – DPS) presentaron el jueves una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal Alberto Recondo, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, por desconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La denuncia se fundamenta en su actuación en la causa iniciada por Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, que había promovido un amparo contra el presidente Javier Milei tras ser atacado en redes sociales desde la cuenta oficial del mandatario. El juez Recondo no sólo rechazó la acción, sino que, además, en entrevistas radiales posteriores, minimizó la situación del niño, cuestionó públicamente a su madre y justificó la exposición mediática del caso, vulnerando los estándares internacionales y nacionales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Carrizo y Carbajal sostuvieron que el magistrado incurrió en conductas contrarias al principio de imparcialidad, decoro judicial y omitiendo la protección reforzada que establece para niñas, niños y adolescentes la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello solicitaron a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que se evalúe la adopción de medidas disciplinarias, conforme lo establecido en el art. 14 de la Ley 24.937.
“La justicia no puede convalidar el abuso de poder ni desproteger a la infancia. Cuando se trata de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en particular, de niños/as con discapacidad, corresponde exigir el máximo cumplimiento y respeto a las garantías que establece nuestro orden jurídico”, subrayan los legisladores al formalizar la presentación.
La denuncia destaca además que el obrar del Juez resultó doblemente grave porque el conflicto que dio origen a la causa no se desarrolla entre dos particulares en condiciones de igualdad, sino que enfrenta al Presidente de la Nación con un niño con discapacidad, circunstancia que exigía del magistrado un estándar reforzado de prudencia, cuidado y resguardo de derechos fundamentales, en especial frente a la evidente desigualdad y asimetría de poder entre las partes.