Un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló serias fallas en la aplicación de la Ley N.º 1502, que obliga al Estado porteño a emplear al menos un 5% de personas con discapacidad en el sector público. A más de 15 años de la sanción de la norma, el cumplimiento es alarmantemente bajo: en 2022, apenas se alcanzó el 1%, y en 2023 la cifra descendió aún más, ubicándose en un escueto 0,9%.
La situación fue denunciada por el auditor general Lisandro Teszkiewicz, quien afirmó: “Es sistemática la política del Pro de discriminar a las personas con discapacidad en los cargos y trabajos públicos”. Además de incumplir con el cupo mínimo, el informe señala que la mayoría de los empleados con discapacidad son incorporados en los escalafones más bajos, sin acceso real a espacios de decisión o conducción profesional.
El relevamiento también pone en evidencia la falta total de registros de personas con discapacidad en áreas clave como la Policía de la Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Esta omisión no solo representa un incumplimiento legal, sino que refleja una política de exclusión estructural en la gestión de recursos humanos. “Resulta prácticamente nula la integración en el escalafón profesional o de conducción”, advierte el documento.
Pero las irregularidades no se limitan al plano laboral. Según Teszkiewicz, la discriminación se extiende a otros ámbitos: “El destrato del gobierno de la ciudad con las personas con discapacidad no es solo en la inclusión laboral”. Y agrega: “En distintos informes hemos visto cómo incumplen las normativas y estándares de accesibilidad arquitectónica en subtes, plazas, parques y museos”.
La educación especial también se ve gravemente afectada. El informe denuncia que, además de limitar la edad de permanencia en el sistema educativo especial a los 22 años, el gobierno porteño recortó recursos fundamentales como el transporte, viandas y materiales pedagógicos. “El recorte de presupuesto educativo tuvo un especial ensañamiento en la educación especial”, sostuvo el auditor.
La conclusión es contundente, dice el auditor: “Todo lo que demuestra que el abandono y la crueldad no son un error, sino un proyecto político de la derecha porteña”. A la luz de estos datos, queda expuesta una deuda estructural del gobierno de la Ciudad con un colectivo históricamente vulnerado, y se reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en garantizar derechos que hoy, a todas luces, están siendo ignorados.
