Denuncian corrupción en el PAMI: sobreprecios y coimas

Denuncian corrupción en el PAMI: sobreprecios y coimas

El gremio estatal ATE advirtió sobre irregularidades en una licitación de lentes oculares.


El PAMI, la obra social de los jubilados, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo de corrupción tras una denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio, uno de los más representativos a nivel nacional, acusó al organismo de haber pagado precios inflados, hasta seis veces por encima del valor de mercado, por la adquisición de lentes intraoculares destinados a cirugías de cataratas.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó el hecho como un “bochorno mayúsculo” y señaló la existencia de supuestos “retornos” en las millonarias compras. La situación ya motivó el inicio de una investigación preliminar por parte de la Unidad Fiscal de Investigación especializada en PAMI.

La denuncia se hizo pública a través de un informe periodístico en el canal TN, donde oftalmólogos prestadores del PAMI revelaron que los insumos estaban significativamente más caros que su valor real. Aguiar confirmó estas sospechas en redes sociales, donde denunció que “desde el sindicato hemos comprobado la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra social hizo de lentes intraoculares para la operación de cataratas”.

El dirigente adjuntó la Licitación Pública 12/25, con compras a varias empresas por un total de más de $80.700 millones, como prueba de la presunta irregularidad.

Según ATE, los sobreprecios son alarmantes. “Los lentes que tienen un costo de 35 mil pesos, se pagaron a 150 mil y en algunos casos hasta 230 mil pesos”, afirmó Aguiar. La denuncia no solo se centra en el aspecto económico, sino también en la calidad de los productos, ya que el líder sindical acusó que “los insumos adquiridos son de menor calidad” y que “son miles los jubilados que ya denunciaron haber sufrido afecciones graves a partir de utilizar estos productos”. En una entrevista posterior con Futurock, Aguiar profundizó su crítica al señalar que “los lentes se estaban pagando $35.000 y ahora se pagan hasta $250.000”.

El PAMI, dirigido por el médico Esteban Leguízamo bajo la órbita del Ministerio de Salud, se defendió de las acusaciones a través de un comunicado. En su respuesta, el organismo rechazó el pago de sobreprecios, argumentando que sus costos son más bajos en comparación con otras entidades del sistema de salud. “PAMI no paga de más y el ejemplo es lo que pagan otros financiadores del sistema de salud”, indicó el comunicado, y añadió que el organismo “paga más bajo en parte por los grandes volúmenes que trabaja”. A modo de ejemplo, el PAMI comparó el costo de una prestación completa con la obra social del Poder Judicial y con la prepaga OSDE, señalando que sus precios son considerablemente menores.


Desde el oficialismo también salieron al cruce de las acusaciones, defendiendo el nuevo esquema de compra. Explicaron que la centralización de las adquisiciones tiene como objetivo mejorar la calidad de los insumos y garantizar su provisión en todo el país. “Con relación al sistema anterior, PAMI incrementó los valores de la lente porque ahora se mejoró la calidad, hay control y seguimiento del insumo que se le coloca al afiliado y se garantiza la provisión en todo el país”, puntualizó el organismo en su comunicado. Las autoridades añadieron que el precio de referencia anterior estaba desactualizado y que bajo el antiguo sistema existían prácticas irregulares como copagos y mentiras sobre el stock de insumos.

A pesar de la defensa del PAMI y el Gobierno, la polémica ha escalado a nivel político. Aguiar criticó el proselitismo de los “dirigentes libertarios” en provincias como Río Negro, quienes “están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta”. El sindicalista considera que el cambio en el mecanismo de compra, que centralizó la adquisición de los insumos, es una maniobra para “robar”.

“No es casual que desde que asumió este Gobierno, en la gestión de PAMI hayan eliminado todos los controles y las auditorías. Acá hay mucho más que un 3% en vueltos”, concluyó Aguiar, dejando abierta la posibilidad de que la denuncia se traslade a los tribunales.

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