La presentación fue realizada por el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad; la ingeniera María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular; y el abogado y politólogo Marcos Zelaya. Los firmantes sostienen que la decisión judicial constituye una grave violación a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada sobre hechos de interés público, especialmente cuando involucran a funcionarios del más alto nivel.
El contexto de la medida judicial es una investigación periodística llevada adelante por Mauro Federico y Jorge Rial, que expone presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Seguridad. Los audios, atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, implicarían directamente a Karina Milei y a su asesor Lule Menem. En lugar de esclarecer los hechos, el Poder Ejecutivo habría desplegado una estrategia para silenciar a los periodistas, incluyendo denuncias penales, acciones civiles y actos de intimidación.
La resolución del juez Maraniello ordena el cese de difusión de los audios “desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, sin establecer plazo ni sujeto pasivo. Además, el magistrado justificó su decisión en “graves repercusiones” sin haber escuchado el contenido de los audios, lo que los denunciantes califican como un acto de manifiesta arbitrariedad. La medida genera un “bozal legal” que impacta en toda la prensa y fomenta la autocensura.
Desde el punto de vista jurídico, la sentencia colisiona con el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema. También contradice la doctrina vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe categóricamente la censura previa en casos de interés público. Los denunciantes sostienen que el accionar del juez configura causal de remoción por desconocimiento inexcusable del derecho, arbitrariedad manifiesta e incumplimiento de sus deberes.
La denuncia también pone en cuestión la independencia judicial del magistrado, señalando que su fallo se alinea con los intereses del Poder Ejecutivo en un contexto donde Marianello aspira a un ascenso y enfrenta denuncias por abuso de poder y acoso sexual. “Actuó como censor en lugar de garante de derechos”, afirman los denunciantes, quienes solicitan que el Consejo de la Magistratura inicie el procedimiento disciplinario correspondiente.
“La remoción del juez Marianello no es solo una sanción por una falta grave, sino una acción institucional indispensable para evitar que la censura judicial se convierta en herramienta de persecución política”, expresó María Eva Koutsovitis. “Privar a la sociedad de información sobre presunta corrupción en la cúpula del poder debilita el debate público y la democracia misma”. La presentación busca reafirmar el compromiso del Estado argentino con la libertad de expresión como pilar fundamental del sistema democrático.