El legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, presentó un proyecto en la Legislatura de la Ciudad para suspender el cobro del ABL y de Ingresos Brutos en un área específica del barrio de Constitución, donde actualmente reside Cristina de Kirchner bajo el régimen de prisión domiciliaria. La medida busca aliviar la situación de los vecinos afectados por las alteraciones cotidianas derivadas de la presencia de la expresidenta.
“Los vecinos no son quienes tienen la prisión domiciliaria”, sostuvo Del Gaiso. “Mientras esperan que se les normalice la vida en Constitución, voy a presentar un proyecto para suspender el cobro del ABL hasta fin de año en el polígono comprendido entre las calles Luis Sáenz Peña, Carlos Calvo, Santiago del Estero y San Juan”, detalló el legislador.
Según explicó, la iniciativa también incluye la suspensión del cobro del impuesto a los Ingresos Brutos para los locales comerciales que funcionan dentro de ese perímetro. “Hay comerciantes que han visto reducida su clientela y vecinos que sufren restricciones, presencia constante de efectivos y limitaciones en su movilidad”, argumentó Del Gaiso.
PROYECTO PARA SUSPENDER ABL E INGRESOS BRUTOS A LOS VECINOS DE CRISTINA
Los vecinos no son quienes tienen la prisión domiciliaria. Así que mientras esperan que se les normalice la vida en Constitución, voy a presentar en la Legislatura un proyecto para suspender el cobro de ABL… pic.twitter.com/zQ4lxr9RO5— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) June 19, 2025
La presencia de la expresidenta en ese sector del barrio generó operativos de seguridad, cortes de tránsito y manifestaciones, alterando el ritmo habitual del vecindario. Desde la oposición porteña, sostienen que la situación ha generado un perjuicio concreto sobre la vida cotidiana y la actividad económica de la zona.
El legislador aclaró que el beneficio fiscal tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y alcanzaría a todos los contribuyentes domiciliados en el área delimitada, sin necesidad de trámites adicionales. “No se puede trasladar el costo político o judicial de una figura pública al bolsillo de los ciudadanos comunes”, afirmó.
La propuesta se enmarca en una creciente discusión sobre el impacto que generan las medidas judiciales de alto perfil en entornos urbanos densamente poblados. Del Gaiso anticipó que buscará respaldo transversal en la Legislatura para avanzar con el debate del proyecto en comisiones.
