A través de una información inédita hasta el momento, NOTICIAS URBANAS pudo conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño en relación con el pedido de inconstitucionalidad de la ley 2.569, responsable del aumento del ABL, presentado por el Defensor General de la Ciudad, Mario Jaime Kestelboim.
La medida apoya lo sostenido por la Fiscalía General de la Ciudad, a cargo de Germán Garavano, es decir, que las acciones declaratorias que integraban el pedido se consideraban inadmisibles por irregularidades en aspectos relacionados a la forma, no al contenido, de la misma.
La Fiscalía había considerado inadmisibles procesalmente a las acciones por "falta de fundamentación" y por "no acotar la discusión a puntos concretos", argumentos que fueron tomados por el Tribunal Superior.
Cabe recordar que la ley 2.569, publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2007, introdujo modificaciones tendientes a actualizar los valores de las alícuotas del tributo de ABL. El reclamo de Kestelboim se basaba en que, según su argumentación, dicho valor excedía los límites fijados por el Código Fiscal, la normativa tarifaria local y la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con este fallo, el Tribunal Superior no ratifica la constitucionalidad de la norma, sino que simplemente rechaza los pedidos por una cuestión de forma en la presentación. Mientras tanto, la norma sigue vigente hasta tanto no se trate la cuestión de fondo, es decir, si el contenido de la ley respeta lo admitido por la Constitución de la ciudad o, de lo contrario, si debe ser revocada.