La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad tras solicitar allanamientos contra periodistas y un medio de streaming en el marco de la investigación por la filtración de audios atribuidos a Karina Milei. La presentación contra la funcionaria fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón ante los tribunales de Comodoro Py.
Dalbón calificó la maniobra de Bullrich como un ataque a la libertad de expresión y a la democracia, y sostuvo que la ministra actuó “con desesperación y de amenazas”, por lo que decidió iniciar la causa penal por abuso de autoridad. El letrado anunció la presentación en Radio 10 y planteó que, si el gobierno pretende “librar una batalla contra la libertad de expresión”, la oposición judicial y mediática responderá.
La denuncia recayó, por sorteo, en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini, que deberá definir si abre una investigación penal contra la ministra. En su presentación, la cartera que conduce Bullrich solicitó además medidas cautelares para prohibir la difusión de nuevas grabaciones y advirtió sobre posibles sanciones por desobediencia previstas en el Código Penal.
💬 Gregorio Dalbón: “Me parece que es una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia”.
💬 “El hecho de corrupción y coimas, más la represión y los aprietes de Patricia Bullrich, sólo marcan la desesperación de un gobierno que está liquidado”. pic.twitter.com/dwkYkxm0Br
— C5N (@C5N) September 2, 2025
El expediente del Ministerio de Seguridad —que consta de unas 20 páginas según la presentación— invocó la necesidad de impedir la propagación de nuevas filtraciones y requirió la colaboración de medios y prestadores de servicios digitales para hacer efectiva esa prohibición. Ese pedido fue el antecedente inmediato que motivó la acción penal impulsada por Dalbón.
Abogados y organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa han observado con atención el episodio, que coloca en centro del debate la tensión entre la protección de la información sensible y las garantías de la libertad de expresión. El caso se suma a otras investigaciones abiertas en torno a la gestión del Gobierno y a las filtraciones que trascendieron en las últimas semanas.
El avance procesal dependerá ahora de la decisión del juzgado donde recayó la denuncia: si el magistrado acepta la imputación, se iniciarán medidas de prueba contra Bullrich; en caso contrario, la causa podría archivarse o derivarse a otra instancia. Mientras tanto, el episodio promete mantener la controversia política y mediática en torno a las actuaciones del Ministerio de Seguridad.