El 7 de enero el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Gustavo Beliz, firmaron el convenio por el cual se creó la Dirección General de Policía Comunitaria, que contará con 500 agentes que trabajarán exclusivamente en el ámbito de la Ciudad y cuyos sueldos y equipamiento serán pagados por el Gobierno porteño, para lo cual la Ciudad dispuso una partida de 6.400.000 pesos anuales.
En diálogo con NOTICIAS URBANAS, el diputado Martín Borrelli, del Partido Federal, integrante del Frente Compromiso para el Cambio, señaló que "son muchas las dudas que nos asaltan sobre este acuerdo celebrado entre la Ciudad y la Nación. Esta fuerza estará a cargo de un comisario de la Policía Federal Argentina y curiosamente funcionará independientemente de las demás comisarías; el presupuesto de dicho cuerpo será solventado por la Ciudad, pero paradójicamente el jefe de Gobierno no tendrá el mando sobre dichos agentes".
Por su parte, la diputada Silvia La Ruffa (Unión para Recrear Buenos Aires) afirmó: "Aunque a mí me guste que haya 500 hombres más en la calle, me parece un error que estén tan desvinculados de la otra policía que está en las comisarías y que también va a trabajar en los barrios. Porque va a haber un montón de información que se va a perder por esta cosa de que hay una nueva policía en la Ciudad para un nuevo Ibarra", manifestó.
Borrelli agregó que "presuntamente los (policías) comunitarios se ocuparán del tránsito, el control contravencional y la seguridad en plazas y paseos públicos. Por lo anunciado, desde abril, el esquema represivo de la Capital se asimilará a dos círculos concéntricos, en donde policías federales a secas y federales comunitarios se repartirán el control del delito geográfico y materialmente".
"En definitiva -concluyó el legislador macrista- son demasiados los interrogantes: ¿favorecerá este esquema propuesto la capacidad represiva y preventiva de la policía o bien se debilitará al dividir recursos materiales y humanos?; ¿se verifica en la práctica un fraccionamiento tan tajante entre delito y contravención como para que haya dos policías diferentes en el mismo ámbito?; ¿quién actuará en caso de compraventa de droga en una plaza?, ¿los federales a secas, ya que se trata de un delito tipificado en el Código Penal, o los comunitarios, ya que el ilícito se cometió en un paseo público? Y la última, al no depender de las comisarías, ¿serán aprovechadas por los comunitarios las tareas de inteligencia que pudieren efectuar los federales y viceversa?"
A su vez, para La Ruffa "falta pensar un plan estratégico". "Considero -afirmó- que el Consejo de Prevención del Delito es un lugar para discutir esa estrategia. Por eso, le he pedido al secretario de Justicia y Seguridad, Juan Carlos López, que lo convoque cuanto antes y se comprometió a hacerlo antes de marzo".
