La empresa de publicidad en vía pública, Spinazzola S.A. realizó días atrás la presentación judicial tendiente a la suspensión de la licitación por la provisión del servicio de mobiliario urbano prevista por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, presentó una denuncia y una querella contra los funcionarios del ejecutivo de la Ciudad, responsables de llevar adelante dicha licitación.
El abogado y constitucionalista Daniel Sabsay, en su carácter de representante de la firma Spinazzola es el encargado de llevar adelante el pedido de suspensión del acto administrativo, que supone plantear la paralización de los actos que deben suscitarse en la "Licitación pública Nº 1-MMAGC-2006" que tramita por el expediente nº 49.273/200, para la "Concesión de la fabricación y/o provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del Mobiliario urbano de la Ciudad", toda vez que se dan en el trámite las dos causas de admisión que tornan procedente este pedido, que se debe resolver de manera urgente.
La medida, asentada en el juzgado 1223 de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Jueza Petrella se dirige contra el Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Medio Ambiente. Las causas de dicha solicitud obedecen a que:
a) la ejecución o continuidad de los actos del procedimiento licitatorio ocasionará un perjuicio de imposible reparación ulterior, por demás gravoso para la administración, y directamente perjudicial para quienes -como en nuestro caso- concurrimos a un acto supuestamente legítimo y en paridad de oportunidades.
b) El hecho que se expresa en el acto de de calificar las ofertas tras la apertura del sobre 1 (uno), ostenta una ilegalidad manifiesta, y su ejecución o cumplimiento tendrá como consecuencia mayores perjuicios que la suspensión.
En consecuencia, la presentación solicita trámite urgente e inmediata resolución, con el fin de evitar los perjuicios que una intervención oportuna de la jurisdicción puede impedir. Asimismo se aclara que el objeto de la presentación es suspender la continuidad de la licitación que ha violado tras la evaluación de las ofertas concretadas en la apertura del primer sobre, varios principios de orden público que se fundamentan.
DENUNCIA
Por su parte, el abogado Mariano Bergés, también en representación de la empresa "Ing. Augusto Spinazzola SA", realizó una denuncia, solicitando se investigue a los señores Juan Pablo Piccardo, a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Tomás Palastanga, a cargo de la Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Eduardo Raúl Terranova, y Orlando Roberto Terranova, presidente y vice -respectivamente- de la firma "Publicidad Sarmiento".
También se denuncia por intermedio de esta presentación, a otros individuos que resultan coautores, partícipes, cómplices y eventualmente instigadores -determinadores- de los sucesos que se califican como constitutivos de los delitos de defraudación en perjuicio de una administración pública, de momento en grado de tentativa, negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas y el general de violación de los deberes del funcionario público.
La denuncia indica que, adicionalmente, será preciso que se verifique la eventual existencia de una asociación ilícita, en tanto los imputados junto con otros individuos, habrían gestado de consuno la "adjudicación de porciones de la ciudad de Buenos Aires" en el rubro denominado "mobiliario urbano", en detrimento del cumplimiento de normas administrativas claras, preestablecidas, y asimismo -especialmente-, de lo establecido en puntuales previsiones de un pliego de bases y condiciones para una licitación pública.
En consecuencia, el escrito presentado por Bergés, solicita que se traslade la denuncia al Representante del Ministerio Público Fiscal, para que requiera la instrucción del sumario -o se delegue la dirección de la investigación-, y se ordenen las medidas útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
QUERELLA
En otro escrito, elaborado también por Bergés, en este caso acompañado por Diego Guerendiain, ambos en representación de la empresa "Ing. Augusto H. Spìnazzola SA", presentan formal querella contra Juan Pablo Piccardo, a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; Tomás Palastanga, a cargo de la Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la sazón integrante de la Comisión Evaluadora de la licitación pública sobre Mobiliario Urbano; Patricio Distéfano y Horacio Daniel Tonelli, ambos integrantes de la referida Comisión Evaluadora; Eduardo Raúl Terranova, y Orlando Roberto Terranova, presidente y vice -respectivamente- de la firma "Publicidad Sarmiento SA".
En esta querella, también se denuncia a otros individuos que resultan coautores, partícipes, cómplices y eventualmente instigadores -determinadores- de los sucesos denunciados. Los abogados manifiestan que "estamos convencidos -a las constancias del proceso de licitación nos remitimos- que la calificación efectuada por la Comisión Evaluadora integrada por Patricio Distefano, Horacio Daniel Tonelli y Tomás Palastanga, y avalada por el titular del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, ha sido el producto de una maniobra delictiva, con el fin de beneficiar a la firma "Publicidad Sarmiento SA" en primer lugar, y luego a las dos restantes en el orden de mérito: "Viacart SA" y "Al Sur" (UTE).
En la presentación judicial se detalla que "en primer lugar, se han violado elementales reglas que deben privilegiar la actividad administrativa: a) no se ha sustentado en el derecho aplicable; b) se han violentado los procedimientos esenciales que debieron cumplirse; c) su finalidad no resulta de las normas que otorgan facultades al órgano emisor; d) no ha perseguido los fines establecidos en la normativa aplicable al caso; e) no ha respetado la jerarquía normativa, el principio de igualdad de los oferentes, transformando la decisión en arbitraria, y constituyendo -en suma – una desviación de poder".
