Según la denuncia, la medida viola la Ley Local Nº 448 y a la Ley Nacional Nº 26.657, así como a la Constitución de la Ciudad, afirmó en un comunicado la Asesora General Tutelar Laura Musa. La denuncia se basa en la Resolución Nº 52/MSGC/12, del pasado 3 de enero, por la que el ministerio de Salud porteño aprobó los pliegos de bases y condiciones para licitar el servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y gerontopsiquiátricos, para lograr su rehabilitación y reinserción social.
"El Gobierno de la Ciudad dio el primer paso para la privatización del `Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiatricos`, (con una) resolución que establece un monto de 12.700.000 pesos para el servicio que pretende privatizar, y no tiene otro fundamento normativo más que aquel que regula las contrataciones y licitaciones", sostuvo Musa. La funcionaria consideró que "tampoco se justifican las razones de orden fáctico que dan lugar a la contratación del servicio que se licita".
La Constitución porteña, así como las leyes de salud mental local y nacional, prevén la "desinsintitucionalización progresiva de las personas internadas por razones de salud mental, y la ley nacional prohíbe la creación de nuevos manicomios a la vez que obliga a adaptar los ya existentes hasta su sustitución definitiva", dijo. "De esas normas se deduce claramente que el Gobierno de la Ciudad tiene vedado crear o contratar nuevos servicios de internación", máxime para una internación prolongada.
Por ley, la Ciudad está obligada a "adecuar los hospitales monovalentes a las modalidades de abordaje previsto en las leyes citadas y a crear dispositivos alternativos", afirmó. La creación de dispositivos alternativos es un mandato que la Justicia le ha impuesto al Gobierno de la Ciudad "en la sentencia de habeas corpus iniciada por el Ministerio Público Tutelar y que el Poder Ejecutivo Local resiste", advirtió Musa.
La decisión del Gobierno de la Ciudad de "privatizar la salud mental es ilegal, configura una nueva vulneración de los derechos de las personas afectadas en su salud mental y constituye un grave retroceso en materia de salud pública", afirmó.
