Denuncias recientes apuntan al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como presunto operador de influencias con el fin de favorecer a Machado. Se lo acusa de interceder ante el Ministerio Público Fiscal y diversos tribunales federales para demorar o condicionar la resolución de la extradición.
El vínculo señalado entre Cúneo Libarona y el entorno de Machado se refuerza por la presencia de la diputada libertaria Lorena Villaverde. Antes de asumir su banca, Villaverde fue defendida por el ministro en un caso vinculado con narcotráfico en EE.UU. Además, Villaverde mantiene una relación cercana con Claudio Ciccarelli, primo y apoderado de Machado, que actúa como su principal enlace en Argentina.
“Cuneo Libarona”
Porque según reveló Roberto Navarro en #TTxB, el ministro de Justicia estuvo haciendo lobby para que la Corte Suprema no extradite al narco Fred Machado, ya que el gobierno teme lo que pueda declarar en Estados Unidos. pic.twitter.com/WJ8iEndT8W
— Resistencia Arg (@ResistenciaARok) October 5, 2025
Ciccarelli figura como intermediario en varios trámites y en operaciones de las sociedades que rodean al empresario. Esa red —que incluye vínculos personales, negocios mineros en Río Negro y movimientos societarios— alimenta la sospecha de que la intención habría sido blindar a Machado frente al avance judicial.
Sin embargo, el proceso judicial continuó su curso: en abril de 2022, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, declaró procedente la entrega de Machado. Posteriormente, en abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor del pedido de extradición proveniente de EE.UU. Ahora será la Corte Suprema la que defina si confirma o rechaza definitivamente esa decisión.
La causa genera tensiones en el oficialismo, no solo por los posibles cruces entre poder político, justicia y negocios, sino también por los lazos que el abogado de Machado, Francisco Oneto, mantiene con figuras cercanas al presidente, como Javier Milei. En definitiva, el caso desnuda una compleja trama de influencias que demanda respuestas transparentes de parte del Estado.