La elección de la empresa adjudicataria se basó en criterios técnicos. Sin embargo, se cuestionó que no se estableció un precio testigo para comparar los costos del servicio en el mercado y que no se detallaron con precisión las comisiones incluidas, como las comisiones por gestión, emisión o asistencia. Esta ausencia de transparencia fue señalada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a través de la Nota NO-2025-80761008.
El desglosado del gasto mostró que el Ministerio destinó $255 millones para pasajes aéreos nacionales, $250 millones para internacionales y $30 millones para pasajes terrestres (ómnibus y trenes), además de $34,5 millones en servicios de asistencia al viajero. Las comisiones operativas alcanzaron sumas notables: $45,7 millones para aéreo nacional, $18,3 millones para internacional, $7,6 millones para terrestre y otros $7,6 millones para asistencia al viajero.
Otro aspecto que despertó inquietud fue la modalidad adoptada: Orden de Compra Abierta, que permite incorporar servicios complementarios dentro de topes aprobados, sin necesidad de reabrir la licitación. Si los montos no se agotan, la contratación puede extenderse hasta 2026, lo que puede socavar los mecanismos de control y transparencia administrativa.
Este episodio suma presión sobre el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuyo manejo administrativo ya había sido objeto de polémica por otras irregularidades detectadas desde su llegada al cargo. La oposición y organismos de control ahora exigen explicaciones sobre este gasto elevado en un contexto donde el Gobierno pregona eficiencia y transparencia.
En definitiva, la adjudicación millonaria sin parámetros claros ni competencia efectiva alimenta cuestionamientos sobre un posible desmanejo de recursos públicos. Mientras tanto, el Ministerio sostiene que la elección se justificó por razones técnicas, en un esquema cuya flexibilidad contractual volvió foco de debate político.
