El Gobierno nacional recibió un duro revés judicial este 29 de julio: la Justicia Federal dictó una medida cautelar que impide avanzar en los cambios previstos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El organismo tiene prohibido modificar su estructura o autonomía por un período de seis meses, tal como lo ordenó la jueza Martina Isabel Forns.
La decisión judicial surge tras una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar. Señalaron que las reformas impulsadas por el decreto 462/2025 de la Ley de Bases, que buscaban eliminar la autarquía del INTI y su conducción colegiada, implicarían una ruptura del marco legal vigente y afectarían derechos laborales constitucionales
La magistrada Forns resolvió “hacer lugar parcialmente” a esa medida cautelar de “no innovar”, ordenando al Poder Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier acto derivado de las normas en cuestión. Esto incluye prohibiciones sobre cesantías de personal, traslados, suspensiones, reorganización de estructuras o pases a disponibilidad.
Escúcheme presidente @JMilei, cuándo lo va a entender? La Argentina no es una monarquía, y usted no puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Desde ATE le volvimos a poner un freno.
Tanto pidieron las facultades extraordinarias y al final no supieron… pic.twitter.com/V9Pp1Tfka6— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 29, 2025
Durante su fallo, la jueza señaló que el Ejecutivo no posee habilitación legal suficiente para disolver o intervenir el INTI, argumentando que las medidas anunciadas constituyen una “desviación de poder” que vulnera principios como la estabilidad del empleo público, la libertad sindical y la legalidad.
Este fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno de Javier Milei y los trabajadores estatales sobre el rol y la estructura del INTI. Según los críticos, la propuesta oficial apuntaba a una reducción del organismo al mínimo funcional, subordinándolo a la Secretaría de Industria y Comercio, lo que habría implicado el vaciamiento parcial del instituto.
Con esta decisión, la Justicia pone freno a los intentos de reforma durante al menos seis meses y obliga a la administración nacional a debatir la cuestión de fondo con mayores garantías jurídicas y participación social.
En paralelo, el sector gremial considera esto un triunfo que preserva no solo la autonomía del INTI, sino también principios institucionales clave y derechos laborales fundamentales en el ámbito estatal.