El fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, decidió este martes retirar la solicitud para que Cristina Kirchner cumpla su condena de seis años de prisión en una cárcel por el caso Vialidad. En su lugar, solicitó que se designe un sitio de detención diferente a su departamento en San José 1111, en Constitución.
De esta forma, Villar se apartó de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes la semana pasada habían requerido al Tribunal Oral Federal N°2 que Cristina Kirchner fuera trasladada a una prisión del Servicio Penitenciario.
La defensa de Cristina Kirchner, liderada por Alberto Beraldi, se opuso a desocupar el departamento y pidió la anulación del régimen de visitas vigente, que obliga a la expresidenta a solicitar autorización en cada ocasión. Asimismo, el abogado solicitó la remoción de la tobillera electrónica, argumentando que no existe riesgo de fuga.
Estos pedidos fueron realizados en una audiencia oral y pública efectuada en los tribunales este mediodía por las partes ante los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Esta semana se decidirá si se favorece al fiscal o a la defensa, aunque los plazos expiran en los primeros días de la próxima semana. Villar afirmó que la situación actual -a diferencia de hace 15 días- evidenció que Cristina Kirchner ha seguido las normas de conducta del tribunal, por lo que renunció a su solicitud de enviarla a una prisión federal.
Por otro lado, argumentó que debería modificarse el lugar donde cumple su detención. Presentó dos razones: la alteración de la paz en el vecindario debido a los manifestantes, la falta de higiene y las constantes llamadas al 911, y además, porque la seguridad de la condenada está en “riesgo”. Se refirió a sus salidas al balcón, que no están prohibidas, pero que la ponen en peligro de un posible atentado, dado que se encuentra en un segundo piso, especialmente considerando que ya sufrió un intento de magnicidio mientras estaba rodeada de sus seguidores.
Dijo que la custodia de la expresidenta ya había resultado ineficaz en una ocasión para evitar un atentado en su contra y, por estas razones, consideró razonable el cambio de domicilio. Este cambio debe ser propuesto por Cristina Kirchner, ya que los jueces no pueden sugerir dicha solución. El abogado Beraldi, junto a Ary Llernovoy, a pesar de que Villar desistió del pedido de Luciani, no dudó en responder al fiscal del juicio. Afirmó que se expusieron calumnias y afirmaciones erróneas, y mencionó que hay circunstancias que trascienden su edad para cumplir su condena en su hogar.
Desacreditó el informe de la Procuración de la Ciudad que desaconsejaba el uso de ese lugar debido a las molestias que generaba en el barrio, y mencionó que las manifestaciones han cesado y que actualmente hay más seguridad en la zona. Indicó que, a pesar de su condena, no se puede interrumpir su vida social y familiar, que la visita. También argumentó en contra del uso de la tobillera y de las restricciones a sus visitas. Aquellos que no son parte de su familia, abogados, médicos o custodios, que ingresan automáticamente a la casa, deben contar con un permiso especial del tribunal y justificado en cada caso.
Beraldi afirmó que esta regla es imposible de cumplir, ya que no hay criterios claros que los jueces puedan utilizar para decidir. Dijo que carece de base legal y que es inédita, poniendo la decisión a la discrecionalidad del tribunal. En relación a la tobillera, afirmó que es innecesaria, dado que Cristina Kirchner “no se va a escapar”, siendo “la persona más conocida o una de las más conocidas del país”. “Pensar que Cristina se va a escapar es una burla”, expresó, añadiendo que cuenta con policías que la custodian las 24 horas. Aseguró que el único propósito de la tobillera es su “implicancia simbólica para molestarla y humillarla”. “Es un mecanismo innecesario y burdo”, enfatizó.
Villar, el fiscal, respondió a ambos argumentos: indicó que la limitación de visitas es razonable, pues así ocurre con los reclusos en prisión, quienes deben tener permiso para recibir visitas. Además, entendió que los condenados tienen una menor expectativa de privacidad que aquellos que no lo están. En cuanto a la tobillera, recordó que la ley de ejecución establece que se “exigirá” el uso de un dispositivo electrónico de control en casos de arresto domiciliario. Por lo tanto, el tribunal no podía hacer otra cosa que imponerle dicho dispositivo.
La ley de ejecución penal menciona que se puede prescindir del dispositivo si existe un informe multidisciplinario y otro del Servicio Penitenciario que justifique su remoción. Ninguno de esos informes está disponible en este momento. De hecho, hoy Cristina Kirchner será visitada por asistentes sociales que evaluarán si se adapta al uso de la tobillera y elevarán sus conclusiones al tribunal. Villar recordó el caso del expresidente francés Nicolás Sarkozy, quien estuvo en arresto domiciliario con tobillera en su país, condenado por corrupción, a pesar de ser ampliamente conocido.