Se alega que utilizó su conexión con Karina Milei para conseguir apoyo político en Argentina y así facilitar el lanzamiento del token, que colapsó después de haber recaudado millones de dólares.
La denuncia, reformulada por los letrados Margaret Hoppin y Max Burwick, se centra en una “asociación ilícita empresarial” bajo la Ley RICO de Estados Unidos, similar a la “Ley antimafias” impulsada por Patricia Bullrich en Argentina. Esta legislación estadounidense fue creada originalmente para enfrentar el crimen organizado.
De acuerdo con el documento judicial, Davis y su grupo establecieron un sistema para engañar a inversores utilizando la blockchain de Solana. Para llevar a cabo esto, afirman haber buscado apoyo político y simbólico en Javier Milei, a través de conexiones con su círculo más íntimo.
Encuentros, acceso y comunicaciones
Uno de los aspectos más sorprendentes del informe es la referencia específica a Karina Milei como una figura esencial en la entrada de Hayden Davis al círculo presidencial. Según los documentos oficiales, fue ella quien dio luz verde para que el empresario accediera a la Casa Rosada el 16 de julio de 2024. No fue un suceso aislado: se reporta que Davis regresó al palacio gubernamental el 21 de noviembre, donde habría llevado a cabo múltiples reuniones con otros protagonistas del ecosistema cripto.
El documento también presenta conversaciones atribuidas a Davis, donde se jacta de “controlar palancas” sobre Milei, incluso sosteniendo que podía influir en sus publicaciones en redes sociales y decisiones políticas. En uno de los mensajes, citado por el New York Times, Davis habría afirmado: “Le envío dinero a la hermana, y él firma y hace lo que yo indique”.
Además, la denuncia resalta momentos cruciales como el encuentro entre Milei y el CEO de Kip Protocol, Julian Peh, durante el TechForum cripto de octubre de 2024, así como la reunión con Davis del 30 de enero de 2025, solo dos semanas antes del lanzamiento oficial de $Libra, una imagen que Milei mismo compartió en su cuenta de X.
De acuerdo con la denuncia presentada, $Libra se lanzó bajo el pretexto de ser una inversión revolucionaria destinada a financiar proyectos relacionados con el movimiento libertario argentino. No obstante, el documento argumenta que una vez alcanzada una capitalización inicial de cuatro mil millones de dólares, los encargados comenzaron a retirar dinero de manera sistemática, utilizando una maniobra permitida por el propio código del token, pero que permanecía oculta para los inversores.
Para los demandantes, el colapso del precio no fue un accidente ni el resultado de las “fuerzas del mercado”, sino más bien el producto de una estrategia diseñada para drenar los fondos de liquidez en detrimento de los inversores. Además, subrayan que $Libra replicó esquemas anteriores utilizados en otro token, $M3M3, con la intención de manipular los mercados sin dejar evidencias claras.
Uno de los aspectos que más inquieta a las instituciones es la posibilidad de que el caso se extienda más allá de lo meramente penal, llevando a un juicio contra el Estado argentino. Así lo expresó el diputado nacional Oscar Agost Carreño, uno de los legisladores más atentos al progreso del caso $LIBRA, quien advirtió que la aplicación de la Ley RICO podría dar lugar a reclamaciones por daños punitivos, indemnización triple y demandas por fraude internacional.
“Por primera vez, un tribunal federal en Estados Unidos está manejando una demanda por crimen organizado en la que el presidente de Argentina juega un papel crucial en el engaño,” publicó el legislador en su cuenta de X. Aunque en este momento los demandantes no tienen intención de demandar a Argentina como nación, Agost Carreño no descarta que esto pueda suceder en el futuro.
“Estados Unidos empieza a utilizar la ley anti mafia para investigar el caso $Libra y complica seriamente a Javier y Karina Milei con la declaración de Hayden Davis”, dice @oagost en Gelatina. pic.twitter.com/3VXHJFR0ii
— Gelatina (@somosgelatina) July 31, 2025
Cómo sigue
La siguiente fase judicial se llevará a cabo el 19 de agosto, cuando las partes comparezcan ante la jueza Jennifer L. Rochon. En esta audiencia se analizarán las pruebas recientes, los testimonios y el futuro de los más de 70 millones de dólares en criptoactivos que aún están bajo el control de Davis. Por el momento, ni Karina Milei ni funcionarios argentinos han sido formalmente acusados, pero la presión judicial y mediática continúa aumentando.
Mientras tanto, el gobierno argentino se mantiene en silencio, aunque la conexión entre criptomonedas, negocios, política y poder es cada vez más difícil de ocultar.
