“Con la aparente finalidad de ‘modernizar’ la PFA, pone en serios riesgos el Estado democrático de derecho, al permitir la detención de personas sin orden judicial, al igual que la realización de requisas a personas o vehículos sin autorización judicial”, advirtió el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU).
En su pronunciamiento, COPAJU Argentina –rama local del comité creado por el Papa Francisco para la defensa de los derechos sociales– sostuvo que “uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de la mencionada fuerza de realizar tareas de ciberpatrullaje sin requerir autorización judicial”.
A la vez, frente a un nuevo uso por parte del Gobierno de la prerrogativa del DNU, destacó que “no se observa ninguna urgencia para modificar por esta vía, prescindiendo del Congreso de la Nación, una norma que regía desde 1958”.
Por estas razones, el Capítulo Argentina de COPAJU, que reúne a magistradas y magistrados de todo el país, concluyó que “el contenido de la norma en cuestión viola principios básicos de nuestra Constitución Nacional, que por otro lado son reconocidos universalmente y recetados en numerosos Tratados y Convenciones Internacionales que se encuentran expresamente incorporados a nuestra Carta Magna”.
