Basta con indignarse un rato, escribir un hilo, compartir una frase ingeniosa y cerrar la app con la conciencia tranquila. Así funciona hoy, para muchos, el ejercicio de la ciudadanía.
Hemos reducido la participación cívica a una coreografía de gestos digitales. Las redes sociales nos dan la ilusión de estar transformando el mundo, cuando en realidad solo estamos retroalimentando nuestras propias burbujas, servidas a medida por los algoritmos. Opinamos más, pero escuchamos menos. Reaccionamos más, pero entendemos menos.
En este contexto, la ciudadanía corre el riesgo de volverse líquida, inmediata y superficial. Porque hoy, parecer importa más que argumentar. Participar parece reducirse a visibilizarse. Y en esa urgencia por pertenecer, ya nadie parece temer ser objeto de manipulación o control. Se confunde la libertad con la exposición constante, y se cree —erróneamente— que en la supuesta individualidad que propician las redes se ejerce un verdadero poder.
Desde esa idea distorsionada de libertad se ha instalado una lógica de impunidad para cancelar cualquier opinión que incomode. El pensamiento contrario deja de ser una oportunidad de diálogo para convertirse en amenaza. Y así se consolida la cultura de la cancelación, donde la única verdad es la que construye la realidad virtual moldeada por la Big Data.
En ese clima, las voces disidentes o minoritarias son silenciadas por no ser tendencia. El consenso —que requiere diálogo y escucha— es reemplazado por trincheras ideológicas donde se construyen enemigos, no acuerdos. La política, en lugar de ser un puente para la convivencia democrática, se convierte en un campo de batalla de identidades digitales, dominado por la lógica del like y del seguidor.
Los riesgos de estas nuevas formas de ejercicio del poder son concretos y conocidos. Se escriben con nombres familiares: totalitarismo, populismo, autoritarismo. La ecuación es tan simple como antigua: cuanto menos educado esté el ciudadano, más fácilmente será manipulado.
Por eso es tan peligroso el discurso que deslegitima a la política y la expulsa de la vida cotidiana. Porque la madurez de una sociedad se mide por la formación de su ciudadanía, por la responsabilidad de sus liderazgos y por la capacidad de construir consensos amplios con múltiples actores sociales, tanto públicos como privados.
Solo con ciudadanos educados, instituciones sólidas y políticas públicas estables podemos superar la lógica del personalismo o el cortoplacismo de turno. Sin eso, estamos condenados a repetir los errores del pasado.
Educar ciudadanos que desprecien la política —ya sea desde la tribuna de un estadio o deslizando videos en TikTok— es criar individuos aislados en un “sálvese quien pueda”. Pero la política es, y debe seguir siendo, la herramienta más poderosa para la transformación colectiva.
Necesitamos una política comprometida con la democracia que nos iguala y con la República que garantiza nuestros derechos. Una política que no se agote en el algoritmo, sino que se arraigue en la realidad.
Esa construcción no es espontánea. Requiere coraje. Requiere convicción. Y, sobre todo, requiere que quienes creemos en la fuerza transformadora de la política alcemos la voz. No para gritar más fuerte, sino para convocar con más profundidad.
No se trata de salvarnos solos. Se trata de salvarnos juntos. Y en presencia del otro.