La Legislatura provincial de Chubut, por unanimidad, aprobó meses atrás una reforma constitucional que propone eliminar los fueros especiales de los tres poderes del Estado y de los sindicatos —una medida promovida por el gobernador Ignacio Torres— y fijó un referéndum para que los chubutenses definan si lo aceptan o lo rechazan.
La iniciativa no ha estado exenta de controversias: varios jueces provinciales presentaron recursos judiciales para trabar el plebiscito. La discusión escaló hasta la Corte Suprema de la Nación, que deberá emitir un fallo definitivo que podría condicionar el desarrollo de la consulta popular.
La boleta del referéndum es simple: pregunta “¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?” con dos casillas —“Sí” y “No”— y contendrá las redacciones modificadas de los artículos 247 y 248 de la Carta Magna provincial.
CHUBUT SIN FUEROS
Tomamos la decisión de ampliar Ficha Limpia a todos los estamentos del Estado, incluyendo cargos políticos electivos y no electivos, y elevamos una Enmienda Constitucional, que ya fue aprobada por la Legislatura, para ser la primera provincia de la Argentina… pic.twitter.com/zaAOf3ka95
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 5, 2025
En caso de aprobarse el “Sí”, el gobernador, vicegobernador, miembros de la Legislatura, jueces, fiscales y referentes gremiales perderían inmunidad procesal especial: la ejecución de condenas quedaría sujeta a los mecanismos comunes sin necesitar autorización previa ni trámites de desafuero.
Para el oficialismo, este cambio representa una “demanda social” para transparentar la política local. Pero sus críticos advierten que detrás podría esconderse un objetivo electoral: debilitar al PJ e influir en la polarización política de la provincia, especialmente de cara a las elecciones nacionales.
Sea cual sea el veredicto del 26 de octubre, el plebiscito en Chubut deja planteada la pregunta de fondo: ¿es posible compatibilizar reformas que buscan “igualdad ante la ley” con garantías constitucionales que protegen la independencia judicial y los derechos de los funcionarios? El resultado, más allá de su impacto inmediato en la provincia, podría generar precedentes de alcance nacional.
