La defensa de la expresidenta argumentó tres razones fundamentales: su condición de ex mandataria que demanda una seguridad especial, el intento de homicidio que sufrió en 2022 y su edad, que es de 72 años.
Así lo expresaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los letrados de la expresidenta, en un documento de 13 páginas que entregaron al Tribunal Oral Federal 2, tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que la deja en condiciones de iniciar el cumplimiento de la misma. Cristina Kirchner solicitó que la prisión domiciliaria se lleve a cabo en el inmueble ubicado en la calle San José 1111, donde reside en la actualidad y desde donde ayer saludó a los militantes que la apoyaron luego de la decisión del tribunal supremo.
Los abogados plantearon “razones de seguridad personal” de Cristina Kirchner por haber sido presidenta. Señalaron que en ese rol tuvo “información de carácter secreto o bien confidencial”, por lo que debe tener una custodia especial de la Policía Federal.
En esta misma dirección, la solicitud de prisión domiciliaria evocó el intento de asesinato contra la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó a pocos centímetros de su rostro con un arma. Los abogados señalaron que uno de los implicados en ese caso “tiene una conexión directa con el actual titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo cuya jurisdicción opera, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”. La defensa, sin mencionarlo directamente, aludió al diputado nacional Gerardo Milman y su vínculo con Patricia Bullrich.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados.
Y agregaron entre sus argumentos: “las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua. En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”.
Por otra parte, la defensa planteó que Cristina Kirchner tiene 72 años. La ley establece que a partir de los 70 años puede pedir la prisión domiciliaria por cuestiones etarias, aunque su otorgamiento no es obligatorio.
La expresidenta también solicitó que no se le coloque una tobillera electrónica para cumplir la prisión domiciliaria. Se trata de un dispositivo que controla los movimientos del detenido y que se activa en caso que viole el lugar de detención. La defensa sostuvo que Cristina Kirchner cuenta con custodia de la Policía Federal las 24 horas, lo que garantiza que no se va a fugar ni a violar la detención domiciliaria.
“Así las cosas, el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”, planteó la defensa.
Sin embargo, la ley de ejecución de la pena establece que para la prisión domiciliaria “se exigirá un dispositivo electrónico de control”.
Los abogados pidieron que mientras se analice el pedido de prisión domiciliaria la expresidenta quede detenida en su casa y no sea trasladada a ninguna unidad penitenciaria o dependencia policial.