La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura recibió el último martes por la tarde a Carlos Campolongo y Beatriz García Buitrago, presidente y directora del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad. La reunión, que comenzó pasadas las 15, en el salón Presidente Perón del Palacio Legislativo porteño, sirvió para que el organismo elevara a la Legislatura un informe de gestión del año anterior.
Al hablar sobre el funcionamiento institucional del Ente, Campolongo señaló que "se puso en marcha un sistema de gerenciamiento para dotar de mayor eficacia la gestión", aunque "no se alcanzó el ideal de excelencia" esperado; "a mitad de año se llegó a una solución con reencasillamiento del personal, se puso en práctica un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ahora está abierta la instrumentalización de un programa de administración de papeles". También adelantó que se avanzará en un convenio con la UTN para el establecimiento de parámetros objetivos de calidad de servicios.
El titular del Ente dio también algunas cifras del 2007: según contó, se realizó un total de 834.558 controles, un 86 por ciento de lo planificado, mayormente en los servicios de higiene urbana, corte de césped, estacionamiento medido, TV por cable y transmisión de datos; se solicitó el inicio de 869 sumarios, 231 por el servicio de colectivos, 182 por el subte y más de 220 por Higiene Urbana; y se aplicaron, en total, 38 sanciones por 654.707 pesos.
En otro momento de su alocución Campolongo advirtió que "algunas normativas han restado poder coercitivo al Ente, ciertos poderes sancionatorios fueron trasladados al Poder Ejecutivo" se quejó, y agregó: "Tenemos la convicción de que los mismos son importantes para que el Ente pueda actuar". También recordó a los legisladores presentes que "desde 2004 hubo una disminución sistemática del presupuesto otorgado al Ente sin consulta previa". Respecto a un remanente correspondiente a la partida destinada a personal, el funcionario dijo que fue distribuido entre empleados de las plantas transitoria y permanente y desmintió que los directores se hubieran beneficiado con esta medida.
De la reunión, presidida por el diputado Oscar Zago (PRO), participaron los legisladores Guillermo Smith (Coalición Cívica), Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad), Carlos Araujo (PRO) y Raúl Puy (Diálogo por Buenos Aires).
