"Multiplicará los talleres clandestinos y el trabajo esclavo. Además dejará completamente impunes a las marcas que se benefician de ello. Por ello anunciamos que en breve lanzaremos un plan de movilizaciones y esclarecimiento ante la opinión pública a efectos de impedir la profundización del trabajo esclavo que vendría de la mano de la nueva ley", señalaron desde la Alameda, integrada por reconocidos expertos en leyes derechos humanos y laborales, entre ellos Rodolfo Yanzón y Alejandro Pereyra, éste último ex subsecretario de Trabajo porteño.
Los defensores del proyecto de reforma a la ley de Trabajo a Domicilio (que lleva el número 12.713) impulsado por el Ministerio de Trabajo Nacional son: la Asociación de Trabajadores Textiles, la Cámara empresaria del sector y el titular de la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños, Víctor Benyakar, quien en el mes de febrero se había reunido con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.
El empresario textil señaló que "el anuncio es excelente, y al fin se va a erradicar una ley que es de 1941. La nueva ley dice que una obrera a domicilio depende de la empresa que da trabajo" y que "lo que antes eran talleres ahora serán tomados como pymes, haciendo menos engorroso el papeleo para registrarse".
La propuesta gubernamental obliga a los talleristas que reúnan trabajadores en un domicilio a constituirse como empresas, lo que logra deslindarlos legalmente de los fabricantes, y cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contrato de Trabajo.
La Alameda es denunciante penalmente de 85 grandes marcas de ropa por basar su producción en talleres clandestinos y en más de 40 denuncias fue acompañada por el Gobierno de la Ciudad y la Defensoría. Además la ONG con sede en Parque Avellaneda cuenta con el respaldo de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM), el cónsul boliviano, Alberto Gonxalez, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con quienes viene trabajando diariamente para erradicar el trabajo clandestino.
Por esa trayectoria sumado a que lograron instalar el tema en la agenda pública a principios de marzo la eterna viceministra de Trabajo entregó a La Alameda una copia de las "bases" del proyecto que hoy se pretende impulsar para reformar la ley de trabajo a domicilio.
"En aquella oportunidad, la doctora Rial nos pidió inmediatamente observaciones al mismo. El 10 de marzo le entregamos formalmente el documento que por vez primera tendrá hoy la prensa, en el cual cuestionamos duramente al proyecto y sugerimos que se refuerce el poder de policía para hacer cumplir la legislación vigente, en lugar de cambiarla de acuerdo al paladar de los esclavistas. Vanamente esperamos cinco meses una respuesta y un debate al respecto. Mientras tanto, los mismos empresarios cuestionados de usar trabajo esclavo y los sindicatos que nada hicieron para defender a los miles de costureros encerrados en talleres clandestinos, aplauden rabiosamente la iniciativa", señaló el titular de la Alameda, Gustavo Vera.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se han definido las prácticas empresarias a través de la tercerización clandestina como una "violación sistemática de los derechos humanos".
"El proyecto del Gobierno desregula la relación entre talleristas y fabricantes, al convertir a los talleristas en Pymes independientes de las marcas. Esto dejaría impune a las marcas por los lugares que escoge para su producción y a la vez desprotegiendo a los trabajadores que deberán litigar en los fueros laborales con talleristas en su mayor parte insolventes", agregó Vera en un comunicado firmado por abogados especialistas en derecho laboral y penal.
La ley 12.713 actual contempla que el tallerista tiene un doble carácter. Es patrón de los costureros, pero a la vez empleado de las marcas. Entonces, en cada taller clandestino las marcas son doblemente responsables, tanto en lo atinente a las condiciones laborales como en lo referente a la situación penal.
"Por cada 100 pesos que sale una prenda, el tallerista recibe 3,25 y el costurero 1,89, quedando el grueso de la ganancia para los fabricantes. Tal estructura de costos es la madre del trabajo esclavo. Es a través de la fijación unilateral de los precios por parte de los fabricantes donde empieza la cadena de la explotación. De esta manera el fabricante explota al tallerista, pero peor que eso convierte, además, en el mismo acto al tallerista en explotador de los costureros. Esa necesidad de permanecer en el mercado es la que deriva en la superexplotación en condiciones indignas de los trabajadores y en los casos extremos en la esclavitud lisa y llana", concluyeron desde La Alameda.
