Los expertos contables de la Corte Suprema concluyeron que el total a devolver a Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad asciende a $ 684.990.350.139,86, lo que se traduce en aproximadamente 537 millones de dólares. La cifra original se estableció en 86.085.463.548,25 pesos, considerada como el daño causado por la trama de corrupción.
Además de la exvicepresidenta, también deberán hacer frente a esta cifra José López (ex Secretario de Obras Públicas de la Nación); el empresario Lázaro Báez; Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad); Mauricio Collareda (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad); Raúl Daruich (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Juan Carlos Villafañe (Ex titular de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz); Raúl Pavesi (Ex titular de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz); José Santibañez (Ex titular de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz).
La expresidenta fue sentenciada a 6 años de cárcel y a una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esta sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022, confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023 y posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La investigación, que comenzó en 2016, se centró en si el empresario Lázaro Báez recibió beneficios tras la adjudicación de 51 contratos de obras públicas viales financiadas con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como en la posibilidad de que existieran sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos no finalizados.
Los condenados deberán enfrentar el decomiso y la ejecución de bienes embargados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), en el marco de la maniobra de fraude con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En el caso de Cristina Kirchner, cuando el juez Julián Ercolini la procesó en la causa Vialidad en 2016, le trabó un embargo por $10.000 millones. En aquel entonces, se estimaba que el perjuicio al Estado por las 51 licitaciones viales adjudicadas al Grupo Austral era de $46.000 millones.
La cifra base que la maniobra de corrupción le ocasionó al Estado era 86.085.463.548,25 pesos, que ahora se actualizó en $ 684.990.350.139,86.
La más reciente declaración de CFK ante la Oficina Anticorrupción muestra un patrimonio de $250 millones, sin propiedades a su nombre, ya que en 2016 cedió sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Solo mantiene el usufructo de las viviendas en Río Gallegos, El Calafate y un departamento en Recoleta.
La sentencia definitiva también impone multas y confiscaciones como penas adicionales. De acuerdo con el Código Penal, primero se deberá requerir a los condenados el pago voluntario. Si no lo hacen, la Justicia podrá proceder con la ejecución de bienes embargados o cualquier ingreso que posean. Solo si se han agotado todas las opciones, se podrá convertir la deuda en días de prisión.
El artículo 23 del Código Penal permite el decomiso como un medio para reparar el daño causado. De esta manera, la sentencia que ordena la recuperación de $684.990.350.139,86 deberá materializarse en legajos individuales que incluyan bienes y activos susceptibles de embargo.
A la condena penal se añade una demanda civil que se inició durante la gestión de Mauricio Macri en 2016, en la que se reclaman daños y perjuicios al Estado. En este contexto, se exigen $22.300 millones a Cristina Kirchner y a los demás condenados de manera solidaria. Este monto se determinó al comprobar que el 50% de las rutas asignadas al Grupo Austral fueron abandonadas después de recibir pagos inflacionados.