La Cámara Federal porteña ha confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el caso relacionado con las contrataciones de seguros durante su gestión. La decisión de la Sala II, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con una disidencia parcial de Eduardo Farah, ha dejado firme la calificación de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Este falló implica serias consecuencias legales, incluyendo embargos y restricciones de viaje para Fernández y otros imputados.
Los jueces destacaron que Fernández ejerció “influencia directa” en los contratos, apoyando a Martínez Sosa, con quien tenía una relación personal y comercial previa. Un episodio específico fue mencionado, donde un mensaje de Cantero sobre la designación de un nuevo corredor fue respondido por Fernández con “Ya me ocupo”, lo que fue tomado como evidencia de la injerencia del expresidente.
El tribunal subrayó que, desde el inicio de su mandato, Martínez Sosa recibió casi el 60% de las comisiones pagadas por Nación Seguros a intermediarios por pólizas de organismos públicos. Este aumento, junto con préstamos personales y obsequios entre ambos, ha permitido deducir la existencia de un conflicto de interés razonable.
Además, el fallo abarca otros exfuncionarios y directivos de Nación Seguros, ampliando la acusación a cinco imputados por cohecho y ordenando un nuevo cálculo de los embargos relacionados. A pesar de que se revocaron los procesamientos de ocho acusados y dos cooperativas, la causa sigue avanzando en la fase de instrucción.
Con el procesamiento confirmado, el expresidente se encuentra en una situación legal delicada, listo para enfrentarse a un posible juicio oral. El fiscal Carlos Rívolo aún debe definir si elevará el caso a juicio, mientras que fuentes cercanas a Fernández anticipan que se difundirá un comunicado donde reiterarán que las pólizas fueron contratadas conforme a los procedimientos administrativos vigentes.