La demanda colectiva que investiga el colapso de la criptomoneda $Libra en Estados Unidos dio un giro inesperado con la aparición de un informante confidencial. Este aportó conversaciones entre Hayden Davis y Benjamin Chow que podrían desmentir las versiones exculpatorias de ambos. Según el abogado de los demandantes, Max Burwick, los mensajes demostrarían que Davis actuaba bajo las órdenes de Chow, coordinando movimientos financieros millonarios y vinculando $Libra con otros criptoactivos, incluido Milei.
El material presentado ante la jueza Jennifer Rochon incluye capturas de pantalla de intercambios entre Davis y el informante desde enero hasta agosto de 2025. En estos, Davis se jacta de tener la “exclusividad” del “marketing” de “cosas del gobierno” argentino, haciendo referencia a su firma Kelsier Ventures y a Meteora. Además, destaca una selfie con el presidente Javier Milei, publicada en la red X, lo que sugiere una relación cercana con el gobierno argentino.
Burwick argumenta que estos mensajes evidencian una toma de decisiones estratégica detrás del lanzamiento de $LIBRA y otros criptoactivos, desafiando la defensa de Davis que sostiene que fue un proyecto impulsado por la comunidad. El abogado busca demostrar que los acusados tienen la capacidad y la intención de disolver activos congelados por la justicia, poniendo en riesgo los fondos de los demandantes.
📢 APARECIÓ UN TESTIGO CLAVE EN EL CASO $LIBRA QUE SABE DE QUIENES SON LAS 70 BILLETERAS VIRTUALES QUE SE QUEDARON CON LA GUITA… pic.twitter.com/aZEszpDzlR
— Verdad | Realidad (@RecBsAs) October 3, 2025
La información también sugiere que $Libra no fue un proyecto aislado, sino parte de una estrategia más amplia que incluía otros tokens como $Melania y $M3M3. Esto podría implicar una operación coordinada para generar ganancias rápidas a expensas de los inversores, utilizando la imagen de figuras políticas para ganar credibilidad.
Además, la justicia argentina rechazó el pedido de la comisión para que se obligue por la fuerza pública a funcionarios como Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción) y Paulo Starc (UIF) a declarar. El juez consideró “improcedente” la solicitud, argumentando que su juzgado carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública de los testigos citados por el Poder Legislativo.