El empresario norteamericano Hayden Davis, involucrado en una indagación internacional relacionada con el caso $Libra, la criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, vio un aumento en su valor que posteriormente se desplomó, lo que resultó en el congelamiento de cerca de 60 millones de dólares en activos digitales. Esta acción fue solicitada por la justicia estadounidense y llevada a cabo por una plataforma de criptomonedas que bloqueó dos billeteras virtuales asociadas a Davis.
La investigación se enfoca en la supuesta implicación del empresario en operaciones financieras ilegales, que abarcan el lavado de dinero y el engaño financiero. Las autoridades de EE.UU. rastrearon estos activos digitales durante varios meses, y la congelación de las billeteras representa un avance significativo en el proceso judicial. La plataforma de criptomonedas, cuyo nombre se mantiene en reserva, trabajó junto a las autoridades para garantizar que los fondos no sean transferidos mientras se desarrolla la investigación.
El origen de los activos congelados está siendo investigado, ya que se cree que podrían estar vinculados a actividades ilícitas. Las autoridades estadounidenses colaboraron con otras jurisdicciones para seguir el rastro del dinero y verificar la legalidad de las operaciones efectuadas por Davis. Esta clase de cooperación internacional es esencial en situaciones que implican criptomonedas, dado el carácter descentralizado y global de estas transacciones.
A pesar de la congelación de los recursos financieros, todavía queda por encontrar una porción considerable del capital. Se calcula que cerca de la mitad de los criptoactivos asociados a Davis no han sido localizados, lo que plantea un reto adicional para los investigadores. La complejidad del caso se intensifica debido al uso de criptomonedas, que proporcionan un nivel de anonimato y complican el seguimiento de las transacciones.
Pedido de congelamiento
El requerimiento para congelar estas carteras fue presentado por un colectivo de casi 50 afectados, respaldados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. Para acceder a estas carteras, se fundamentaron en la investigación del ingeniero en sistemas Fernando Molina, quien logró rastrear los movimientos de dinero relacionados con las carteras cripto desde el primer instante.
Molina es el encargado de identificar las carteras que participaron en la creación de la moneda, el retiro de fondos cuando el valor de $Libra comenzó a descender y el movimiento final de dinero.
El 13 de abril, Rombolá y Oszust enviaron un oficio a la jueza federal María Servini, quien está a cargo del caso en Argentina, solicitando que se enviara, mediante exhorto judicial, un pedido a la empresa Circle, responsable de la emisión de la criptomoneda USDC. En dicho oficio, solicitaban la congelación de los fondos presentes en las dos carterasAdemás del requerimiento realizado a través de la justicia argentina, el caso de $Libra también está bajo investigación en tribunales federales de Estados Unidos.
Los abogados locales representan a unos 50 damnificados tanto de Argentina como del exterior. Si bien cada uno de ellos perdió sumas cercanas a los 17 mil dolares, entre su grupo hay un damnificado de Bielorrusia que denunció haber perdido casi 1 millón de dólares.
La investigación
Para el Gobierno, el escándalo en torno al token $Libra es caso cerrado. Hace 10 días, el presidente Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona firmaron un decreto que disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que se encargaba de recopilar información sobre la operación del criptoactivo.
La UTI, bajo la dirección de Cúneo Libarona, fue establecida el 25 de febrero, tras el alboroto político provocado por Milei al publicar $LIBRA en sus plataformas sociales. Pocas horas después, se reveló que el criptoactivo había caído a niveles cercanos a cero, lo que perjudicó el patrimonio de los inversores que habían apostado por el activo digital.
En respuesta a las acusaciones y a la presión de la oposición para investigar al presidente, el Poder Ejecutivo constituyó la UTI con el fin de colaborar con el Poder Judicial, a partir de las solicitudes de información de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otras entidades.
Mientras tanto, la Justicia ha solicitado información al Banco Central y otras instituciones sobre la situación patrimonial del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el contexto de la investigación relacionada con el criptoactivo. Esta acción, que se lleva a cabo bajo secreto de sumario y es supervisada por el fiscal Eduardo Taiano, busca determinar si hubo un beneficio económico en la promoción del activo digital.
Además, las acusaciones contra el Presidente abarcan actos de corrupción, incluyendo delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La jueza María Servini ha dictado la inhibición de bienes por un periodo de 90 días para los tres principales imputados en el caso: Mauricio Novelli, un empresario relacionado con el ámbito cripto que mantenía estrechos vínculos con Milei; Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; y Manuel Terrones Godoy, uno de los socios fundadores de Tech Forum, también con conexiones con el jefe de Estado.
La medida también se extiende a los familiares directos de Novelli, tras la aparición de imágenes de cámaras de seguridad que podrían evidenciar un posible vaciamiento de cajas de seguridad por parte de su madre y hermana, poco después del lanzamiento del criptoactivo.
