En un giro revelador, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, admitió oficialmente que la auditoría mencionada como respaldo para interrumpir el envío de alimentos a comedores comunitarios jamás existió, según un documento firmado por el subsecretario Martín Domingo Lepera en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la diputada nacional de Unión por la Patria (UP), Natalia Zaracho, que fue judicializado y finalmente obtuvo respuesta.
La polémica se remonta al 15 de mayo del año pasado, cuando el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, afirmó ante la Cámara de Diputados que una auditoría había detectado que “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Esta versión fue utilizada para justificar la suspensión del envío de alimentos, muchos de los cuales permanecieron almacenados cerca de vencer en los galpones del Ministerio.
Ahora, 15 meses después, el Ministerio reconoce en documentos oficiales que la supuesta auditoría “resulta ser inexistente”. Aunque mencionan que realizaron “supervisiones, verificaciones territoriales, seguimientos técnicos y evaluaciones”, admiten que ninguna de esas tareas puede considerarse una auditoría formal conforme a la Ley 24.156.
Además, en abril, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó una sentencia que obliga al Ministerio a restituir el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios, buscando garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables. En paralelo, la ministra Sandra Pettovello enfrenta múltiples acciones judiciales: ya son más de diez jueces federales que ordenaron la entrega de alimentos, y está imputada por presunta malversación de fondos en la compra de alimentos
El Gobierno reconoció que el informe de auditoría con que justificó el recorte de alimentos nunca existió.
👇🏽 pic.twitter.com/NtUMuzHXpK— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) September 6, 2025
Contexto y repercusiones
Esta admisión profundiza el escándalo sobre la gestión de la asistencia social en el gobierno de Javier Milei, cuestionando la veracidad de los argumentos empleados para justificar recortes a comedores comunitarios. De acuerdo a investigaciones previas, los alimentos retenidos en galpones —que en muchas ocasiones estuvieron cerca de vencer— reflejan un profundo desorden operativo, agravado por un relato oficial sin sustento documental
Aunque las autoridades ministeriales alegaron haber realizado tareas de verificación, esas acciones no se equiparan con una auditoría técnica, metodológica y normativa. La admisión pública de esta situación pone en evidencia un proceso comunicativo diseñado para justificar medidas de ajuste, mientras dejaba a millones sin acceso a alimentos esenciales.